Por el caso niñas quemadas, el tribunal de alzada rechazó, con costas, el recurso de reclamación interpuesto por la Corporación Colegio Alemán del Elqui, en contra de la resolución exenta dictada por la Superintendencia de Educación de Coquimbo, que impuso la sanción de multa de 300 UTM al establecimiento.
Una bullada historia que tiene nuevo capítulo. Y es que la Corte de Apelaciones de La Serena rechazó, con costas, el recurso de reclamación interpuesto por la Corporación Colegio Alemán del Elqui, en contra de la resolución exenta dictada por la Superintendencia de Educación de Coquimbo, que impuso la sanción de multa de 300 UTM al establecimiento por vulnerar derechos e incumplir deberes con la comunidad educativa.
En fallo unánime , la Segunda Sala del tribunal de alzada, descartó ilegalidad en el proceso administrativo sancionatorio, abierto tras el accidente que dejó a dos alumnas de enseñanza básica quemadas de gravedad.
«Así, en cuanto a los principios que deben inspirar el actuar de la Administración en los procedimientos sancionatorios, en primer término, el debido proceso, no se observa alterado, puesto que la parte recurrente pudo tomar parte en el procedimiento sancionatorio y hacer uso de todos los sistemas recursivos que la ley le franquea, incluyendo el que se resuelve mediante esta sentencia. Para ello se debe dejar asentado que, frente a los cargos formulados, la Corporación Colegio Alemán del Elqui presentó sus descargos el 10 de agosto de 2023, reconociendo la existencia del accidente ocurrido a dos estudiantes de enseñanza básica, tal como lo indica el acta de fiscalización», consigna el fallo.
La resolución agrega que: «Para contradecir los fundamentos del acta de fiscalización antes transcritos, la reclamante indicó que el reglamento interno del Colegio sí contempla el protocolo de actuación ante accidentes y se cumple con las exigencias de la Circular N°482 del 2018 de la Superintendencia de Educación.
No obstante, la entidad fiscalizadora pudo constatar que al momento del accidente no se determinaba con claridad quién o quiénes eran los responsables de ejecutar las acciones consideradas en sus propios protocolos, lo que trajo como consecuencia que la respuesta ante la ocurrencia del accidente fuera asumida por otros alumnos de curso superior o personal del casino, pero no por quienes tienen a su cargo la seguridad de las y los estudiantes».
