Desde la Corporación 20 de Octubre denuncian que la Fiscalía ha cerrado causas clave sin agotar las diligencias, pese a que en varios casos se acreditaron los hechos. Algunos juicios comenzarán recién este año.
Por: Valentina Echeverría O.
A seis años después del 18 de octubre del 2019, el estallido social sigue dejando heridas abiertas en la región de Coquimbo. Mientras parte del país recuerda la fecha como un hito político y social, en tribunales persisten causas judiciales por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante ese periodo, muchas de ellas impulsadas por la Corporación 20 de Octubre, que representa a víctimas.
El abogado Marcelo Gálvez, representante de la entidad, explica que algunas causas han llegado a término —la mayoría con condenas—, pero advierte que «existen numerosos casos cerrados por decisión de no perseverar, a pesar de que había pruebas suficientes».
«Esto demuestra la desidia de la Fiscalía respecto de estas causas, tanto a lo largo del tiempo como hoy en día. Todavía se siguen presentando decisiones de no perseverar en causas del 2019 del estallido social», señaló.
Entre los procesos concluidos con condenas, Gálvez menciona los de Benjamín Huerta. Diego Barrientos (Viña del Mar), Romario Veloz y Rando Robledo (La Serena), Ivan Brito y Rafael Rodríguez. Sin embargo, hay otros que avanzan con extrema lentitud.
«Tenemos una causa que recién ahora, seis años después, está preparando el juicio oral por primera vez», precisó el abogado, refiriéndose al caso de Marcelo Estudillo, en el que finalmente sí participará la Fiscalía.
El jurista también lamentó que uno de los casos —a pesar de haber acreditado los hechos— terminará con la absolución del carabinero imputado, resolución que podría ser revisada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Según Gálvez, la diferencia entre los casos que cuentan con querellante y aquellos en los que las víctimas no tienen representación particular es abismante. «Cuando hay querellante, efectivamente es más factible que exista una condena, que se investigue de manera adecuada y que se realicen diligencias que permitan configurar la responsabilidad de los involucrados».
Entre las causas emblemáticas que aún buscan justicia se encuentran las de Camila Vallejos (Coquimbo) y Marcelo Rojas (La Serena, por pérdida ocular), donde — según Gálvez – el Ministerio Público no solicitó pericias ni diligencias claves, afectando las posibilidades de determinar responsabilidades.
«Las víctimas están absolutamente disconformes con el proceder de la Fiscalía. En muchos casos no se reunieron antecedentes porque el propio Ministerio Público no impulsó la investigación, y eso deja truncada su búsqueda de justicia».