Gremio se reunió ayer con la alcaldesa Daniela Norambuena y si bien aclaró su presidenta que no defenderán a quienes estén involucrados, sí deben existir «pruebas fundadas» y que las personas tengan «el debido proceso a la defensa».
Por René Martínez Rojas
Lo de ayer fue una reunión «improvisada» al interior del edificio de la Corporación Municipal Gabriel González Videla. Y para nada agendada, reconoce Verónica Pinto, presidenta del Sindicato Empresa de la CGGV.
Pero era el momento de hablar con la alcaldesa Daniela Norambuena, «pues habíamos recurrido a todas las instancias para dialogar con ella en forma directa, referente al futuro de la corporación, y que se transparentaran cuáles eran los procesos para un eventual cierre de esta institución», aclara Pinto, quien lidera el gremio hace 15 años.
En su semblante había preocupación, especialmente porque como gremio «reiteramos enérgicamente y reconocemos que nuestra institución vive una crisis financiera y administrativa, pero que en ningún caso pueden responsabilizarse a los trabajadores».
Incluso, señaló que, si existen pruebas, «y lo dije abiertamente en una asamblea, no podemos defender delincuentes. Pero esas pruebas tienen que ser fundadas y que las personas tengan el debido proceso a la defensa».
Al respecto, advirtió que su rol «es salir en defensa de los trabajadores de la corporación, no dar explicaciones referentes a la ampliación de querellas -para establecer nuevas responsabilidades penales en el marco de irregularidades detectadas en la corporación- o situaciones que vienen en el futuro».
Presentar
pruebas
Luego de la reunión con la alcaldesa, directores de servicio y su equipo jurídico, Pinto dijo haberles hecho extensiva la invitación para que asistan a la Asamblea General de Socios que será el jueves 6 del próximo mes, principalmente al nuevo secretario general de la corporación (Marcelo Gutiérrez asume el 3 de noviembre) «y también hicimos extensiva la invitación a los concejales, cuyo rol es fiscalizar y no solo en esta administración, sino en todas las administraciones en donde se pudo haber incurrido en una ilegalidad».
Aunque esta nueva investigación se da por «gastos irregulares en educación», como sostuvo el exfiscal Vega, «mi llamado es al respeto y la dignidad hacia el trabajador de esta corporación, toda vez que los asuntos legales la alcaldesa los tendrá que abordar directamente con su equipo jurídico».
Son 128 los funcionarios «y tengo varios en este momento con licencias médicas debido a un estrés bastante amplio. Porque no solo los funcionarios están complicados, sino también sus familias».
De hecho, reconoce que «es doloroso» cuando sale en los medios de comunicación titulares como «robaron, hicieron esto, o fue el fraude». E insiste en que, si hay algún socio suyo involucrado en algo, y se presentan las pruebas y las querellas, «deberá responder en la instancia penal que se ha llamado. Además, en la investidura de su cargo, la alcaldesa puede reestructurar esta corporación de la forma en que su administración así lo requiera, pero eso debe ser informado y trabajado con el gremio, nunca en desmedro de las personas…».
Otro problema que ayer aquejaba al gremio era saber si el día de hoy iban a tener remuneración «y la alcaldesa prometió que sí se pagarán».
Respecto de las desvinculaciones, Pinto manifestó que «seguramente van a haber y si existen, tienen que estar ajustadas al pago de imposiciones, pago de seguros de cesantía e indemnización. No hay otra forma. Y como dicen por ahí, esto es sin llorar. Nosotros sabemos que estamos en una crisis, pero lo único que pedimos es estar informados y que se nos respete nuestro derecho ganado con años de trabajo».
