Ante la profunda emergencia hídrica que afecta por décadas a la región de Coquimbo, dirigenes de la Sociedad Agrícola del Norte (SAN) fueron a exponer este complejo panorama a autoridades del nivel central.
Con la directora nacional de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), María Loreto Mery, y el jefe Nacional de la División de Riego, se planteó la urgente necesidad de habilitar pozos de emergencia para la provincia del Limarí y la parte alta de la provincia de Elqui, zonas fuertemente impactadas por más de quince años de sequía.
De la DOH se informó que, bajo la normativa vigente, este tipo de obras ya no puede ejecutarse mediante proyectos de conservación, debiendo ingresar al sistema de evaluación del Ministerio de Desarrollo Social, lo que implica mayores plazos y complejidad.
Frente a ese escenario, se acordó explorar alternativas más efectivas que permitan dar una respuesta oportuna a la emergencia.
Aún así, la presidenta de la Sociedad Agrícila del Norte, María Inés Figari, calificó el encuentro como fructífero, destacando que permitió poner en conocimiento de autoridades nacionales la magnitud de la crisis.
En la instancia participaron, además, el presidente de la Junta de Vigilancia del Río Limarí, Roberto Vega Alcayaga, y su administrador, Manuel Muñoz.
Tanto la Sociedad Agrícola del Norte A.G. como los regantes comprometieron su apoyo para continuar trabajando junto a la DOH, como unidad técnica, en estudios preliminares —incluso con financiamiento privado— para definir en el corto plazo la ubicación de pozos de emergencia, labor que se desarrollará con la empresa Hidrogestión.
Si bien se abordaron alternativas estructurales de largo plazo, como trasvases entre cuencas, carreteras hídricas, plantas desaladoras y reutilización de aguas, el énfasis estuvo puesto en soluciones inmediatas.
La SAN destacó los avances del sector agrícola en eficiencia en el uso del agua subrayando que las solicitudes de pozos de emergencia responden a una necesidad extrema. Asimismo, se planteó la importancia de evaluar el cumplimiento de los planes de infraestructura de las empresas sanitarias, considerando el uso intensivo de aguas superficiales amparado en el artículo 314 del Código de Aguas, y la necesidad de exigir mayores inversiones complementarias.
Desde la Superintendencia se informó sobre sanciones y multas aplicadas a la empresa sanitaria regional y se reafirmó un enfoque de manejo integrado de los recursos hídricos.