Inés Rojas, defensora regional, explica que, independiente del tenor del homicidio, por muy cruento que este sea, toda persona tiene derecho a defensa «y nosotros somos uno de los pilares fundamentales de la reforma procesal penal…»
Por René Martínez Rojas
A la espera de su formalización, M.F.M de 22 años se mantiene en el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad en Santiago tras haber asesinado a su compañero de celda en el penal de Huachalalume y luego, según las declaraciones de Fiscalía, comer partes de su cuerpo.
En principio, será el defensor penal público Ramón Zelaya quien tomará su defensa y deberá acreditarse ante la Fiscalía «y vamos a pedir la copia de la investigación y principalmente gestionar una entrevista con el imputado para saber su versión de los hechos», cuenta Inés Rojas, defensora regional.
El crimen no solo implicó el asesinato de un interno a manos de su compañero, sino que además incluyó actos de canibalismo que hoy son investigados por el Ministerio Público.
De acuerdo con la información entregada por el fiscal Eduardo Yáñez, el imputado «habría comido algunas partes de la víctima», entre ellas un ojo, parte de las orejas, las manos y el cuello.
Pilar fundamental
Un violento y perturbador crimen que, como Defensoría Penal Pública, deberán atender. Entonces, ¿cómo se prepara para enfrentar un caso que incluso cruzó las fronteras?
A juicio de Inés Rojas no existe «ninguna causa de justificación para no atender un caso de este tipo, ya que toda persona tiene derecho a defensa y nosotros somos uno de los pilares fundamentales de la reforma procesal penal. Es más. Cualquiera que sea el delito, circunstancia o antecedente, tenemos la obligación de defensa porque es un derecho que tiene cada una de las personas que nosotros representamos».
Independiente que a veces los delitos «causen mucha alarma», afirma que «debemos ver las circunstancias que rodean el caso, saber la versión de nuestro representado, estudiar también la investigación que lleva la Fiscalía y ver si la persona tiene antecedentes».
De esa forma lo van preparando, «porque lo que nosotros otorgamos es una defensa técnica y no vamos a intervenir respecto al caso o presentar alguna prueba que no corresponda. Técnicamente asesoramos a la persona y le damos la defensa para obtener, si es culpable, la pena que corresponda de acuerdo a la ley; y si es inocente, trataremos de acreditar en el juicio oral la teoría del caso que finalmente acredite que no ha tenido participación».
Cada persona tiene derecho
Los antecedentes que hasta ahora se conocen del caso, que quedó al descubierto el domingo por la mañana cuando un gendarme realizaba labores en el tercer piso del módulo 91, es por su crudeza uno de los más graves registrados en el último tiempo.
Explica Rojas que a veces no es fácil asumir este tipo de causas, «pero como tenemos la convicción de que cada persona tiene derecho a la defensa, es que preparamos las causas y nosotros también psicológicamente, dado que muchas veces se nos ataca por redes sociales o por opiniones respecto a nuestra labor».
En ese sentido, detalla que en la Defensoría «nos apoyamos y tratamos de colaborar muchas veces con ideas respecto a la causa que le corresponde asumir a un defensor».
También subraya que la Defensoría está siempre preocupada por la situación de las y los defensores «y por eso tratamos de mantener una salud mental estable, porque uno se ve enfrentado muchas veces a críticas. Sin embargo, cuando uno está convencido de la importancia del derecho a defensa, a veces se soslaya pensando en un bien superior como es el mantener nuestro proceso penal».
Como Defensoría Penal Pública recalca que lo principal «es tener claro que es una vocación de servicio y tenemos totalmente integrada la creencia de que estamos defendiendo derechos de todas las personas, lo que es importante para mantener el equilibrio en el proceso penal».
