En conversación con Diario La Región, el presidente ejecutivo del gremio, Alfie Ulloa, reveló que la zona ocupa el cuarto lugar nacional en este tipo de delitos. El robo de equipos de respaldo no solo afecta la continuidad del servicio, sino que podría comprometer comunicaciones clave durante emergencias.
Por Joaquín López Barraza
Cerca de 900 baterías han sido robadas desde antenas de telecomunicaciones en la Región de Coquimbo desde el año pasado, situando a la zona entre las más afectadas del país por este tipo de delitos.
Así lo aseguró en entrevista con Diario La Región el presidente ejecutivo de Chile Telcos, Alfie Ulloa, quien advirtió que el fenómeno ha dejado de ser un problema exclusivamente económico para transformarse en una amenaza para la continuidad de las comunicaciones durante emergencias.
«En la estadística que tenemos acumulada desde 2023 a la fecha, la Región de Coquimbo es la cuarta en incidencia. Si uno calculara esto como porcentaje de los sitios, probablemente Coquimbo estaría en las primeras, porque son muchos robos a pesar de que no hay tanta infraestructura desplegada», señaló.
Solo hasta mayo de este año, agregó, el gremio había contabilizado cerca de 900 baterías sustraídas en la región. Detrás de esa cifra hay una consecuencia mucho más concreta que perder señal por algunas horas.
Cuando una antena queda sin suministro eléctrico, son precisamente estas baterías las que entran en funcionamiento para mantener activas las comunicaciones. El problema, explicó Ulloa, es que en muchos casos esos equipos simplemente ya no están.
«En caso de que tengamos una emergencia y necesitemos las baterías, no las vamos a tener», advirtió.
El dirigente explicó que parte de la infraestructura afectada cumple funciones especialmente sensibles durante contingencias. «Estas son las antenas que mandan los mensajes de la sala SAE en caso de un tsunami o las que mandan los mensajes en caso de incendio», afirmó.
A ello se suman sitios ubicados en sectores rurales, donde la conectividad depende en gran medida de estos sistemas de respaldo cuando se producen cortes de energía.
«Hay sitios que funcionan con paneles solares y baterías. Si se roban esos equipos, ese sitio queda sin capacidad de operar hasta que se reponga la infraestructura», indicó.
La preocupación expresada por el gremio encuentra eco en investigaciones desarrolladas en la propia región. En abril pasado, la PDI recuperó equipos robados a empresas de telecomunicaciones avaluados en más de $45 millones, evidenciando que este tipo de delitos tiene manifestaciones concretas en la zona.
Sin embargo, durante la conversación surgió también una pregunta incómoda: qué ocurre con la continuidad de un servicio que millones de usuarios pagan todos los meses y esperan tener disponible precisamente cuando más lo necesitan.
Consultado sobre si este escenario evidencia una vulnerabilidad de la red, Ulloa defendió que las empresas continúan invirtiendo en reposición y medidas de protección, aunque insistió en que la solución no depende únicamente de la industria.
«No tenemos forma de resolverlo solos», sostuvo, apuntando a una mayor persecución penal y coordinación con las autoridades frente a este fenómeno.
En una región que periódicamente enfrenta amenazas de tsunami, incendios forestales y cortes masivos de energía, la discusión ya no pasa solo por el costo de reponer una batería robada. También por evitar que, cuando vuelva a fallar el suministro eléctrico, el respaldo diseñado para mantener conectadas a las comunidades simplemente no esté disponible.
