Nicole Cadena y Bélgica Guerra fueron sentenciadas por fraude al fisco y lavado de activos tras el juicio oral que destapó una red de boletas falsas entre 2019 y 2021. Cristian Muñoz, pareja de una de ellas, recibió 7 años de presidio. El tribunal ordenó además el decomiso de vehículos y propiedades.
Por René Martínez Rojas
Sin duda, uno de los juicios más largos de los que se tenga registro. Cerca de un mes para deliberar y conocer las sentencias, especialmente de sus cabecillas, tres en este caso.
Porque en la mañana de ayer el tribunal hizo lectura y condenó a ocho años de presidio efectivo a Nicole Cadena y Bélgica Guerra (cuatro años por cada delito), exfuncionarias de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, luego de ser halladas culpables de los delitos de fraude fiscal y lavado de activos. En tanto, Cristian Muñoz, pareja de Cadena, recibió una condena de 7 años por lavado de activos y fraude de prestaciones estatales.
Así lo resolvió el Tribunal Oral en lo Penal luego del juicio que involucró a una decena de imputados por los hechos ocurridos entre 2019 y 2022, cuando las acusadas emitieron boletas de honorarios e informes de actividades ideológicamente falsos para cobrar pagos improcedentes por un total de $762.778.091.
Para la jueza Francisca Muñoz, «si bien el Ministerio Público imputó el delito de fraude al fisco respecto de todos los acusados en esta causa, se determinó únicamente la condena de las acusadas, que eran funcionarias de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, entidad que cumple funciones y administra recursos públicos. Por tanto, el resto de los acusados, al no tener esa calidad, fueron condenado por el delito común de fraude de prestaciones estatales».
Penas inferiores
El abogado del municipio, Adrián Vega, valoró el fallo: «Lo importante es que el tribunal calificó los delitos más graves que nosotros estimamos, que son lavado de activos y fraude al Fisco. Guerra y Cadena tuvieron sentencias que no dan lugar a penas sustitutivas».
En el caso de Muñoz, sostuvo que «se le mantuvo una pena bastante alta y esto, seguramente por la extensión del mal causado y por su nivel de participación en los sucesos, ya que él acopió gran cantidad de esos dineros defraudados. Estamos conformes, porque en el caso de las cabecillas las penas van a ser efectivas y disuasivas para la ocurrencia de este tipo de hechos».
El fiscal de alta complejidad, Carlos Vidal, destacó que durante el juicio se acreditaron los hechos con importante material probatorio, incluyendo declaraciones de funcionarios policiales, pericias del sistema de análisis criminal de la Fiscalía, y diligencias del Laboratorio de Criminalística de la PDI regional, la Brigada de Lavado de Activos y la Brigada de Delitos Económicos.
Mientras que el fiscal regional Patricio Cooper sostuvo que el caso deja «aprendizajes sobre los riesgos de administrar el poder y los recursos, que van en la línea de mejorar la fiscalización y el control en los organismos del Estado, como en los municipios».
El tiempo que las sentenciadas llevan en prisión preventiva se descontará de la condena, contabilizándose desde el 30 de enero de 2025, cuando fueron detenidas. Además, el tribunal ordenó el decomiso de vehículos y propiedades vinculadas a los delitos.
Para los restantes diez acusados, los denominados «boleteros», fueron condenados a penas inferiores, que van desde los 840 hasta los 1.082 días, y cumpliendo los requisitos legales, se les concedió la pena sustitutiva de remisión condicional, por tanto, darán cumplimiento en libertad.
