La Fiscalía Nacional investiga la comisión del presunto delito de fraude al fisco en la Intendencia de Coquimbo, dirigida por Lucía Pinto (UDI), debido a que la autoridad adquirió un terreno por $9.800 millones, aun cuando su tasación apenas superaba los 4 mil millones, además que se hizo por trato directo y sin toma de razón de Contraloría. La persecutora regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, estará a cargo del caso.
Durante la madrugada de este jueves, Radio Bío Bío dio a conocer un reportaje en donde da cuenta que el Gobierno Regional de Coquimbo había decidido comprar un lote de
terrenos a un grupo de inmobiliarias que buscaba venderlos en 9.800 millones de pesos.
La autoridad aprobó cuatro contratos para lograrlo, pero uno a uno fueron rechazados por la Contraloría, porque no se apegaban a la legalidad. Sin embargo, a principios de julio pasado, y a escondidas, la Intendencia inscribió en una notaría de La Serena un nuevo contrato sin que pasara por la «toma de razón», trámite obligatorio e ineludible, sobre todo cuando los recursos públicos involucrados son así de elevados.
Este hecho motivó a que se iniciara un sumario administrativo y el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, designó a la perseguidora regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, para que indague el delito de fraude al fisco, cuyos antecedentes deberán ser derivados al Consejo de Defensa del Estado para que evalúe una querella.
En tanto, la intendenta Lucía Pinto (UDI) confirmó que pasó por encima del organismo fiscalizador, pero aseguró que todo se hizo de forma transparente, recoge el reportaje. La decisión adoptada por Abbott se basó en una presentación reservada que realizó el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, el pasado 3 de septiembre. En ella, el
organismo fiscalizador dio cuenta que la adquisición de tierras por parte del Gobierno Regional (GORE) se realizó sin que el contrato pasara por la «toma de razón», trámite obligatorio e ineludible, sobre todo cuando los recursos públicos involucrados son
así de elevados.
El documento establece que la compra se resolvió a finales de 2019, mientras que en 2020 tanto este último como otros tres contratos aprobados para la compra, fueron rechazados uno tras otro por el organismo fiscalizador. En suma, en cuatro oportunidades se le indicó a la autoridad que no podía gastar el dinero fiscal a su arbitrio.
Las razones para ello se basaron en que la autoridad regional usó la fórmula de trato directo, sin justificar el porqué, e incluso la investigación del Contralor determinó que en el proceso agregaron nuevas tasaciones que duplicaron el valor de los terrenos.
La entidad que dirige Bermúdez descubrió también que la Intendencia «actuó» a sus espaldas al dictar una quinta resolución, cuyo contrato fue inscrito en una notaría local -a escondidas- para obviar el control de legalidad, según se concluye.
Lo más grave, detalla la presentación a la fiscalía, es que el monto fue pagado íntegramente el pasado 28 de julio a la empresa vendedora, sin que la Unidad de Finanzas del GORE explicara las razones, pese a que le fueron requeridas oficialmente.
Por esta razón se inició un sumario administrativo que complica a Lucía Pinto, y eventualmente a otros funcionarios, ya que es la jefa superior del servicio y las notificaciones de rechazo a la compra le eran informadas a ella.
EL ASESOR DE PROYECTOS DE PRE-INVERSIÓN
Dentro de los hechos que están en la mira de la fiscal Perivancich, es que al interior del GORE trabajó durante todo 2019 como asesor de proyectos de pre-inversión, Nicolás Bakulic Albertini, quien es hijo de Nicolás Bakulic Gorovic, quien a mediados del año pasado se convirtió en accionista de las inmobiliarias que vendieron los paños por la cifra aludida, sin que la autoridad advirtiera la inhabilidad o conflicto de interés.
Otro detalle en que puso hincapié la Contraloría en su presentación al Ministerio Público es que si bien se pagó por más de 60 mil metros cuadrados, las escrituras establecen
que la propiedad cuenta con 10 mil metros cuadrados menos.
¿POR QUÉ EL TRATO DIRECTO?
Pese a lo cuestionado de la fórmula del trato directo, la intendenta explica que propusieron esa modalidad porque es la vía más rápida y efectiva para poder avanzar en el proyecto mientras que en paralelo se progresaba en la construcción del nuevo hospital de La Serena.
«Esto es parte de un compromiso que adquirimos con el municipio y en el que han participado diversos servicios públicos como el Ministerio de Salud, el CORE, el Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto Nacional del Deporte» señala al respecto.
Y enfatiza en que «ha sido un proceso en el que hemos actuado siguiendo la legalidad y estamos convencidos de que no existe ningún tipo de irregularidad, siempre hemos
acompañado todos los antecedentes para fundamentar técnica y económicamente a la Contraloría en cada presentación que nos ha enviado, que incluyen a otros dictámenes que ha realizado».
Consultada por el supuesto abultado aumento del valor del sitio, comenta que «el precio del terreno es incluso inferior al de dos predios previamente evaluados, por lo que con-
trariamente a lo señalado por Contraloría no ha existido un daño al patrimonio estatal en ningún momento».
«Este proceso ha sido transparente y en el que participaron, como señalamos, diversos servicios públicos, con informes, estudios y una serie de antecedentes que avalan la legalidad y la transparencia del proceso» añade.
