El abogado Alejandro Navarro Martínez, representa una causa por un predio completamente ocupado en el sector Majada Blanca. Denuncia que la mayoría de los ocupantes poseen otras viviendas y que algunos estarían revendiendo terrenos sin respaldo legal.
Por Joaquín López Barraza
Una extensa zona rural de Pan de Azúcar, en la comuna de Coquimbo, permanece bajo ocupación irregular. Se trata de más de 80 hectáreas en el sector Majada Blanca, donde viviendas, cierres y subdivisiones se levantaron sobre terrenos privados sin autorización de sus propietarios.
El abogado Alejandro Navarro Martínez, representante del caso judicial que busca recuperar el predio, advierte que la magnitud del fenómeno supera el marco de una simple toma.
«El terreno fue totalmente tomado, y la mayoría de los ocupantes -si no todos- tienen otras propiedades inscritas en La Serena o Coquimbo. No se trata de una necesidad habitacional, sino derechamente de un aprovechamiento ilegal de suelos agrícolas. Esta es una toma VIP», sostiene.
Una toma que se consolidó en silencio
El profesional explica que las ocupaciones comenzaron de manera aislada hace algunos años, pero se intensificaron durante la pandemia. «Primero se instalaron con cierres perimetrales, luego con estructuras precarias y hoy existen incluso casas de material sólido. Hay subdivisiones internas y portones de acceso que impiden el ingreso a los propietarios legítimos», detalla.
Según Navarro, el caso de Majada Blanca refleja un patrón que se repite en otros puntos de la región, donde extensos terrenos rurales han sido fraccionados sin permisos ni registros.
«Hemos detectado personas que incluso venden derechos inexistentes, ofreciendo supuestas asesorías legales o papeles de propiedad que no tienen validez. Es una práctica fraudulenta que se aprovecha del desconocimiento y la falta de fiscalización», advierte.
Qué dice la ley
Desde el punto de vista jurídico, una ocupación pasa a ser ilegal cuando no existe justo título que la habilite, como una compraventa, arrendamiento o comodato. «Si alguien ocupa un terreno sin autorización del dueño y sin documento que lo respalde, está actuando fuera de la ley», aclara el abogado.
Además, cuando la ocupación se realiza con violencia, clandestinidad o daño en las cosas -por ejemplo, derribar cercos o muros- se configura el delito de usurpación, sancionado por el Código Penal.
El abogado añade que en Chile no existen terrenos sin dueño, ya que todos los inmuebles pertenecen a particulares o al Fisco, y que «nadie puede beneficiarse de su propia negligencia», aludiendo a quienes alegan haber adquirido dominio sin inscripción alguna.
Falsedades en regularizaciones y falta de fiscalización
Navarro asegura que varios ocupantes han intentado regularizar la posesión ante Bienes Nacionales, invocando el Decreto Ley 2.695, que permite sanear propiedades pequeñas tras acreditar ocupación pacífica y continua.
«El problema es que los solicitantes presentan declaraciones falsas. En Majada Blanca, por ejemplo, hay personas que dicen llevar 20 años viviendo ahí, pero si revisas imágenes satelitales de 2016, el terreno estaba completamente vacío», señala.
Estas falsedades, explica, constituyen el delito de obtención maliciosa de la calidad de poseedor regular, que además de penas contempla la cancelación del título obtenido.
El abogado acusa falta de herramientas en la fiscalización: «Bienes Nacionales debe confiar en la declaración del solicitante y lamentablemente no se exige pruebas efectivas de ocupación real. Eso ha permitido que las tomas se consoliden sin control. Pero Bienes Nacionales no tiene herramientas suficientes para poder fiscalizar adecuadamente».
Un llamado a los
propietarios
Para evitar situaciones similares, Navarro recomienda a los dueños de terrenos rurales mantener visitas periódicas, revisar avisos legales en la prensa y actuar oportunamente si detectan ocupaciones.
«El Decreto Ley 2.695 da 60 días para oponerse a una regularización y dos años para ejercer la acción de dominio. Si no se reacciona a tiempo, el riesgo de pérdida aumenta», advierte.
El abogado agrega que la evasión tributaria también es un problema colateral: «Ninguna de estas construcciones paga contribuciones ni derechos municipales, lo que implica un perjuicio económico para la comuna».
Un fenómeno
que crece
Mientras la causa judicial por el terreno de Majada Blanca sigue su curso, el abogado alerta que nuevas ocupaciones han comenzado a replicarse en otros puntos del cordón rural de Coquimbo.
«Estamos ante un fenómeno que mezcla la falta de control institucional, la especulación y la informalidad. Si no se refuerza la fiscalización y se endurecen los requisitos de regularización, las tomas seguirán expandiéndose», concluye.
