A juicio del exfiscal regional, el organismo efectuaba una labor de fiscalización ordenada para denunciar lo que podía estar ocurriendo al interior, salvo en contadas excepciones
Por René Martínez Rojas
Como fiscal regional muchos casos llegaron a su oficina. De esos, varios terminaron positivamente y otros aún continúan investigándose. Sin embargo, hoy como abogado particular Adrián Vega tiene claro una cosa: «uno desearía colaborar en construir al esclarecimiento de los hechos, pero otra cosa es que pueda, desde el punto de vista ético, asumir la representación de personas que uno las conoció como víctimas frente al Estado».
Reconoce que sí se le ha solicitado varias veces poder colaborar «y en concreto me he restado de ejercer una acción penal por esta doble función que, reitero, no corresponde desde el punto de vista ético».
Aunque hoy es parte del equipo jurídico del municipio de La Serena que indaga los presuntos delitos al interior de la Corporación municipal Gabriel González Videla, desde sus inicios, primero como querellante y luego como fiscal regional, bien sabe los avances y defectos que ha tenido la Reforma Procesal Penal en sus 25 años.
«Sí, comencé como querellante y prontamente como fiscal y en cuanto al perfeccionamiento de las investigaciones y transparencia, ha cumplido su objetivo. Donde quedamos al debe es en la capacidad que tiene la institución con el actual estado de cosas desde el punto de vista logístico, humano y los recursos investigativos de cubrir todas las causas que ingresan».
Como dato, dice que el Ministerio Público debe estar hoy con cerca de 65 mil ingresos anuales, con una planta de fiscales de 25 estables en cada fiscalía y otros 5 en unidades especiales.
«Por lo tanto, esa carga laboral es imposible de asumirla de modo completo y además, atendiendo de buen modo a las víctimas y a los testigos en todos los ingresos que tenemos, porque la legislación desde el año 2000 a la fecha nos ha aportado por lo menos -yo diría- un 35% más de delitos de ocurrencia y de competencia en fiscalía, y no nos ha descargado con otras cosas que son delitos menores como los hurtos y amenazas que podrían verse por otro tipo de jurisdicciones, no criminales, sino que de mediación o medios alternativos».
Corporación
Qué duda cabe que la corporación es una caja de pandora justamente porque, a su juicio, el propio organismo «no efectuaba una labor de fiscalización ordenada para denunciar lo que podía estar ocurriendo al interior, salvo en contadas excepciones».
Y ahora porque se ha desarrollado una mirada de fiscalización y de control con la nueva administración «es que se han ido descubriendo varios problemas de legalidad en la toma de decisiones y que han provocado distintas querellas, las mediáticas y otras más, frente a la nula fiscalización y al tremendo gasto y toma de decisiones en cuanto a contratación de personas jurídicas que no necesariamente realizaban un trabajo acorde a lo pagado. Por eso era difícil de visibilizar el fenómeno mismo, porque la denuncia desde la propia institución no era del modo que se esperaba».
Explica que la investigación central es respecto a la administración desleal de los directivos anteriores, a algún fraude al Fisco en toma de decisiones de contratación de personas jurídicas que no efectuaban las labores encomendadas «o bien eran más bien de maquillaje» y lo tercero, la existencia de funcionarios que no cumplían el correcto respaldo de las labores efectuadas «y también imputación a gastos que no correspondían en relación a la ley de subsidio educacional preferente».
En ese contexto, tanto el equipo de la corporación como el equipo jurídico de la municipalidad, «ha tenido reuniones con el fiscal a cargo (Carlos Vidal) y ya se han cursado todas las direcciones necesarias, así que estamos a la espera de que estas tengan resultados desde el punto de vista de la policía, de que llegue la información bancaria para recién ver y sopesar la posibilidad de formalizar a ciertas personas…».
En cuanto a la posibilidad de más indagaciones y encontrarse con más sorpresas, aclara que «eso es imposible de avizorar, porque a medida que se rescate información tanto societaria, contable y bancaria, se podrán establecer si existen otras relaciones intermedias que puedan provocar que exista un grupo de personas que puedan haberse aprovechado de este desorden o provocarlo para desfalcar a la corporación. No olvidar que existen cerca de 50 mil millones de pesos en no pagos a proveedores. Nosotros estamos indagando qué se pagó y qué no se pagó y ahí puede existir una pista de que no se pagaba a proveedores reales y si se pagaba proveedores que efectuaban labores mínimas o de poca calidad».
