El fantasma de una crisis hídrica agudizada por la falta de transporte llegó ayer a su fin, luego que los prestadores del servicio de camiones aljibe de la provincia del Limarí decidieran deponer el llamado a paralización que habían programado para este lunes. La movilización, motivada por el alza sostenida en el precio de los combustibles, amenazaba con interrumpir el suministro de agua potable en sectores rurales de las comunas de Ovalle, Río Hurtado, Monte Patria y Punitaqui.
El fin del conflicto se logró tras una mesa de diálogo encabezada por la delegada presidencial provincial del Limarí, Ivonne Guerra, donde se expusieron las dificultades económicas que atraviesan los transportistas y las limitaciones legales del Ejecutivo para entregar soluciones inmediatas.
Limitaciones
contractuales
Uno de los puntos centrales de la discusión fue la imposibilidad técnica de aumentar los pagos de manera retroactiva o inmediata. Según explicó la delegada, los prestadores se encuentran operando bajo una licitación pública que cuenta con la toma de razón de la Contraloría General de la República y que tiene vigencia hasta el mes de junio.
«Tuvimos una conversación donde pudimos aclarar varios puntos, uno de ellos es que no se le puede entregar ahora el aumento que solicitan porque ellos están con una licitación que tiene toma de razón de Contraloría hasta junio; por lo tanto, no podemos inyectarles recursos adicionales porque esto es una licitación pública vigente», aclaró la autoridad provincial.
Esta restricción legal fue comprendida por los dirigentes, quienes aceptaron levantar la medida bajo el compromiso de establecer una hoja de ruta para los nuevos contratos.
La solución a largo plazo comenzará a cimentarse este miércoles, día en que la delegada viajará a la capital para reunirse con el subsecretario del Interior.
