Caso de pescadores desaparecidos: «El faro no estaba funcionando»

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Abogada de la familia de Peter Moraga, uno de los dos tripulantes de la embarcación que naufragó en las costas de Coquimbo en 2021 y que sigue con paradero desconocido, dijo que «no es necesario efectuar una gran investigación para poder señalar que efectivamente uno de los factores que podrían haber influenciado en el naufragio es que el faro no funcionaba el día en que la nave se estrelló contra el islote Pájaros».

Fue el 6 de julio de 2021 cuando la embarcación, tipo lancha pesquera artesanal, denominada «Don Claudio», registrada en San Antonio, zarpó desde Coquimbo, autorizada por la Capitanía de Puerto.

La nave, sin embargo, sufrió un accidente marítimo al día siguiente, cerca de las 21:30 horas, naufragando a 18 kilómetros de la costa, luego que la nave se estrellara contra el Islote Pájaros, frente a la comuna de La Higuera.

Desde entonces, las familias de ambos pescadores, Peter Moraga y Domingo Arriagada, siguen a la deriva. Sus hijas principalmente.

En el caso de Peter, su hija Constanza ha liderado la batalla para conocer la verdad. Saber realmente qué pasó «y tener una respuesta después de todo este tiempo de parte de la gobernación marítima», cuenta.

Aunque todavía existe una investigación sumaria administrativa en curso y diligencias pendientes, las que se están realizando, comenta la abogada Andrea González desde Concepción, «estos procedimientos son largos, puesto que hay un caso de un accidente que ocurrió en la Antártida, en la Región de Magallanes, cuya investigación sumaria administrativa se extendió más allá de dos años…».

Si bien aclara la profesional que no pueden entrometerse respecto a si la gobernación marítima efectuó o no las labores de la forma que se debía, «lo que sí debía era haber tenido el faro del sector en funcionamiento. Acá no es necesario efectuar una gran investigación para poder señalar que efectivamente uno de los factores que podría haber influenciado directamente -en el naufragio- es que el faro se encontraba sin funcionar el día en que la embarcación se estrelló contra el Islote Pájaros».

Ellos -la gobernación marítima- reconoce González, «tienen responsabilidad en cuanto a todo el litoral, los islotes, e incluso existe un libro de faros, cuáles son, y si existe uno, debe estar funcionando. Ahora más allá si funciona o no, eso será competencia específicamente de la autoridad marítima en señalar por qué no estaba funcionando ese día».

Certificado

Tanto para Constanza Moraga y la abogada, es primordial cerrar algunos temas, para que, en el caso de las víctimas, puedan optar a beneficios sociales.

Explica Constanza que, «hay dos menores de edad, en este caso mi hermana y la hija de Domingo, quienes siguen necesitando un sustento. Mientras se avanza con la declaración de muerte presunta, este certificado nos ayudaría mucho. Esto lo hacemos para comenzar a tener paz mental y sostenernos como familia», señala la estudiante.

Aquel certificado, conforme al artículo 92 de la Ley 16.744, establece las normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

«Específicamente el artículo 92 de esta ley mencionada, establece que cuando exista un naufragio o pérdida de la nave, y en el cual no puedan ser ubicados los restos del imponente, se podrá establecer y acreditarse el fallecimiento con un certificado cedido por el director general del territorio marítimo», aclara la abogada de la familia de Peter Moraga.
Agrega que «este certificado permite establecer que se ha producido el fallecimiento a consecuencia de ese naufragio, y se reiteró dicha presentación con fecha 25 de abril, ya que han pasado 61 días y no se ha recibido respuesta, por lo tanto, a la fecha las hijas de los tripulantes fallecidos no pueden acreditar dicha circunstancia en entidades públicas y privadas y no han podido optar a ningún beneficio social que otorga la ley».

«Es decir que ese retardo a las víctimas les está causando perjuicio, así que es un llamado a que las autoridades sean empáticas con estas personas, toda vez que el acto administrativo tiene un plazo para que la autoridad lo manifieste. Más que reiterar la solicitud se les está pidiendo un pronunciamiento en el mínimo plazo a la autoridad marítima, cuyo director general del territorio es de Valparaíso y es la única autoridad llamada a poder extender este certificado».

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