Por unanimidad, los 16 consejeros regionales presentaron un requerimiento al Tribunal Electoral Regional (TER) para destituir a la gobernadora regional Krist Naranjo y, para eso, ficharon al abogado Mario Zumelzu, conocido por el caso de Pedro Velásquez, en donde entre sus argumentos señalan que hay notable abandono de deberes y faltas graves a la probidad y, por otro lado, presentarán una querella por fraude al fisco.
Una agitada mañana se vivió en el Gobierno Regional, y es que 15 consejeros regionales, salvo Wladimir Pleticosic, quien no estuvo por motivos de salud, junto con el abogado Mario Zumelzu dieron a conocer que presentaron un requerimiento al Tribunal Electoral Regional (TER) para destituir a la gobernadora regional Krist Naranjo por notable abandono de deberes.
En ese sentido, Cristian Rondanelli, consejero regional y presidente de la Comisión Investigadora, explica que «sabido es que el Consejo Regional representa los intereses de la comunidad en la toma de decisiones que inciden directamente en la administración de la Región, y dentro de las atribuciones con que la ley faculta a los consejos regionales del país está la de fiscalizar el desempeño del gobernador en su calidad de Ejecutivo y de las unidades que de él o ella dependen».
«En este sentido, al asumir este nuevo CORE tomamos el compromiso de trabajar de manera coordinada con la gobernadora Krist Naranjo, quien en ese momento llevaba ochos meses a la cabeza del Gobierno Regional», añade.
Relata que «al poco andar, comenzaron a ser evidenciarse las diferencias entre la gobernadora y este cuerpo colegiado, tanto en forma como en fondo, lo que hizo que la relación al interior del Gobierno Regional se tornara dificultosa. Esto, por supuesto, se transformó en una preocupación inmediata para el colectivo, ya que cualquier desajuste en esta interacción repercute en el normal desarrollo de la región y, por ende, en el bienestar de las ciudadanas y ciudadanos que nos eligieron».
«En este sentido, el hostigamiento y provocaciones de la primera autoridad regional fue creciendo en temas como prohibir a los profesionales del Gobierno Regional interactuar con las comisiones de trabajo del Consejo Regional, el intento permanente de invisibilizar ante la ciudadanía el trabajo que realizan los consejeros, o negativas injustificadas a cualquier tipo de requerimiento que se hiciera a través de la Secretaría Ejecutiva del CORE», agrega.
Algo que para los consejeros regionales «sería solo el comienzo de una muy criticable gestión. Acusaciones de acoso y maltrato laboral, despidos injustificados, uso de vehículo fiscal para cuestiones personales, gastos excesivos y sin justificar en viajes al extranjero, el retraso inexplicable en la ejecución de proyectos, lo que significa más gasto al fisco y más tiempo para las personas que necesitan soluciones urgentes».
«Más aún, la falta grave de no dar cumplimiento en los plazos legales a acuerdos sancionados en el Consejo Regional, el cual ella misma preside, además del retorno de importantes competencias a nivel central sin siquiera consultar al CORE, como indica la norma», añade.
Así, tras varios meses de silencioso trabajo en la comisión, recabando antecedentes y analizando información, dio a conocer que solicitaron al Tribunal Calificador de Elecciones la remoción de la gobernadora regional de Coquimbo, Krist Pía Nicole Naranjo Peñaloza, por haber incurrido en un notable abandono de sus deberes y en faltas graves a la probidad.
Los seis cargos que se imputan a Naranjo
La consejera Ximena Ampuero señala que «el documento, patrocinado y financiado por los 16 consejeras y consejeros regionales, se puede resumir en seis cargos, por incurrir en una contravención grave al principio de la probidad administrativa, en notable abandono de deberes, conforme a normas legales de la administración del Estado, Ley Orgánica Constitucional sobre gobierno y administración regional, al trasgredir lo siguiente: uso indebido de vehículo fiscal».
Explica que «las normas vulneradas se encuentran establecidas en el Decreto Ley Nº 799 de 1974. Este cargo surge del informe de fiscalización del Consejo Regional tras denuncia del funcionario Sr. Eduardo Torres Plaza, chofer asignado a la autoridad regional. Y en esencia se refiere a la prohibición absoluta de uso de vehículos en cometidos particulares o ajenos al servicio al cual pertenecen, ya sea en días hábiles o inhábiles, dicha prohibición no admite excepciones de ninguna especie y afecta a todos los servidores del Estado que emplean vehículos de las diversas reparticiones públicas».
Otros de los cargos se relacionan con la realización de viajes internacionales, en donde a juicio de los consejeros falta programa o agenda o invitación, informe de cometido y reiterados cambios de vuelos, que ha generado gasto público innecesario.
Además del maltrato a funcionarios y pago por desvinculaciones, el incumplir en los plazos establecidos con la ejecución presupuestaria, los incumplimientos de los acuerdos adoptados por el Consejo Regional.
Respecto a este punto, Javier Vega explica que «en diversas oportunidades, tal como se manifiesta en los registros de las sesiones del Consejo Regional y en numerosos acuerdos, los consejeros regionales le han representado a la gobernadora regional la falta de oportunidad o simplemente la omisión en materializar los acuerdos adoptados por el cuerpo colegiado».
«Finalmente, lamentamos profundamente haber llegado este punto ante un proyecto ambicioso y renovador del antiguo sistema político y administrativo como lo fue la primera elección democrática de Gobernadores Regionales, dentro de un proceso esperado de descentralización en nuestro país para el fortalecimiento de las regiones», señala Vega.
Querella criminal
la próxima semana
Mario Zumelzu, abogado, señala que «esta reclamación ante el Tribunal Calificador de Elecciones se constituye en una novedad por dos motivos, porque es la primera presentación de esta naturaleza que se hace en contra de un gobernador regional desde que cambió la administración».
«Son 16 consejeros regionales, el pleno, quienes presentan este reclamo, es decir, hay una coincidencia política transversal en la necesidad de presentar esta reclamación, y durante la próxima semana se va a presentar una querella criminal por el delito de fraude al fisco», añade.
Consultado por las penas, explica que «va entre los 5 años y un día y los 10 años, presidio mayor en su grado mínimo.
Consultado por cómo se constituye el fraude al fisco, señala que «de dos maneras, una porque ella tiene sanciones laborales en cuanto a persona natural, sin embargo esa multa se paga con fondos públicos, y segundo, que es materia de investigación y no está tan claro como lo primero, pero en nuestra opinión sí constituye un fraude al fisco, es el hecho de los viajes al extranjero».
Detalla que «no hay rendiciones, no se sabe a qué y cual fue la conveniencia para la región de esos viajes».
«Hay notable abandono de deberes y falta a la probidad también», cierra el abogado.