Esto, luego de un reportaje de CIPER, que habla de la emisión de millonarias boletas sin respaldo, además de anticipos por 18 millones de pesos sin que existan documentos que respalden sus funciones.
Una investigación interna elaborada por la municipalidad de La Serena, según público CIPER, detectó un descalabro en las arcas, luego que se detectaran millonarias boletas sin respaldo en la Corporación Municipal GGV.
Los pagos se habrían realizado entre 2015 y 2021 a personas que no habrían prestado servicios comprobables. Uno de los nombres que da cuenta el reportaje es el de Jorge Hurtado, exconcejal RN y actual funcionario de la repartición.
Sin embargo, él mismo y sus abogados desmienten lo publicado, especialmente en aquello que el citado medio indica al señalar que el señor Hurtado no figura formalmente en la estructura orgánica de la entidad y que no se sabe cuál es su cargo y las funciones que desempeña, lo cual no es efectivo, cuenta el abogado Ignacio Jara Álvarez, del estudio jurídico Gorroño-Jara.
Explica que Jorge Hurtado es un trabajador hasta la fecha de la corporación «y hacemos el punto porque no es un funcionario público, sino que un trabajador contratado bajo las normas del Código del Trabajo. No ha sido despedido y tampoco sancionado».
Reitera que, teniendo un contrato de duración indefinida con la corporación bajo el Código del Trabajo, «es un trabajador que no emite boletas de honorarios ni las ha emitido, porque no corresponde que lo haga, desde el momento que tiene un vínculo de naturaleza laboral con la corporación».
En la nota de CIPER, además, se hace referencia a una investigación y lo que buscan aclarar «es que nuestro representado efectivamente está siendo objeto de un procedimiento investigativo por parte de la corporación, pero no hay hechos constatados, ya que dicha investigación no ha terminado y, además, su tramitación no se ajusta a la normativa aplicable, lo cual se ha discutido ante los tribunales de Justicia y actualmente se encuentra pendiente de resolución por parte de la Corte Suprema».
En teoría, toda la información que ha revelado el medio no debería tenerla nadie, «entonces cualquier información que exista en el plano público ha sido revelada por la propia corporación, según lo ratificó CIPER en su reportaje. Dada nuestra experiencia en juicios laborales, y considerando la grave crisis económica que existe en la corporación, creemos que es una estrategia que eventualmente se podría estar dando por la misma entidad, en cuanto a intentar desvincular a nuestro representado para eventualmente lograr, como consecuencia de una investigación, algún tipo de responsabilidad que amerite un despido disciplinario, son derecho a indemnización. Es uno de los escenarios que barajamos como posible motivación de esta situación, que desde luego carece de todo mérito y fundamento».
Mal intencionada
Misma opinión entrega Carlos Gorroño, quien considera que es una pésima señal «que la información haya salido de la corporación, toda vez que el régimen laboral de nuestro representado es privado. La corporación recibe fondos públicos, pero es privada, y eso no la exime de respetar la reserva con que debe actuar en todo aquello que implique a sus trabajadores y en ese sentido debe aplicar las normas del Código del Trabajo»
Explica que no se debe obviar que existe una obligación para el empleador «que es resguardar y proteger a sus trabajadores, dentro de otras cosas, de la vulneración de sus derechos fundamentales, por lo que creemos que con la filtración de esta información se está afectando su derecho a la honra, a la propia imagen y, en definitiva, la apreciación que tienen terceros en relación a este trabajador».
Como consecuencia de esta filtración están evaluando las acciones judiciales «contra los trabajadores de la corporación que pudieron haber revelado esta información, aunque también hicimos un requerimiento de forma directa a la propia corporación para que investigue a los responsables de esta filtración», afirma.
Cree que es «inevitable pensar» que lo que se está haciendo «es filtrar información que está tergiversada y mal intencionada, generando un contexto de confusión, hablando de millonarias boletas e involucrando a nuestro representando que no tiene nada que ver para justificar ante la opinión pública un eventual despido. Trabaja desde 2017 y nos llama la atención que recién ahora, ocho años después, se inicie una investigación por hechos difusos, mediante un procedimiento vulneratorio y para cuestionar una forma de trabajo que fue aceptada durante todos estos años por la propia corporación».
Por último, «tampoco nos parece correcto que un exconcejal esté festinando de toda esta información tergiversada y tergiversándola aún más».