De nuevo, tras un segundo intento, fue rechazado el proyecto Desaladora de Aguas del Valle, en El Panul, Coquimbo, por el Servicio de Evaluación Ambiental, que en la primera presentación no había sido admitido, por lo que la empresa se debió hacer cargo de reponerlo.
Varios servicios públicos emitieron lapidarios informes que dan cuenta que no se habían considerado todos los potenciales impactos del proyecto, por lo que la iniciativa, que busca abastecer con agua potable desde el mar, fue retirada del sistema de impacto ambiental.
Andrés Nazer, gerente regional de Aguas del Valle, señala que están analizando una a una las observaciones y volverán a presentar el proyecto lo antes posible.
Tras varios años de estudios, el 10 de mayo Aguas del Valle ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental el proyecto de planta desaladora, con una inversión de 181 millones de dólares; pero debido a que no presentaba los contenidos mínimos en relación con identificar todas aquellas políticas y planes evaluados estratégicamente que sean atingentes, así como tampoco el análisis respecto a la compatibilidad del proyecto con el uso del territorio y los objetivos ambientales de tales políticas y planes, no había sido admitido a trámite.
Aguas del Valle no había presentado la relación del proyecto con el vigente Plan Regulador Intercomunal de la Provincia del Elqui. Además no presentó los contenidos técnicos y formales que acrediten el cumplimiento de los requisitos de otorgamiento de los respectivos pronunciamientos ambientales sectoriales.
Cerca de un mes y medio después de no haber sido admitida, el 6 de julio, Aguas del Valle volvió a ingresar el proyecto de la desaladora y, al igual que en la primera oportunidad, en carácter de urgente, ya que según se desprende del EIA, «la zona central de Chile vive una de las sequías más intensas de las que se tenga registro en la historia del país. Se observan déficit sostenidos por más de 13 años en el agua caída, nieve acumulada y aumento de las temperaturas».
Tras haber sido admitido a calificación, distintos servicios públicos comenzaron a evaluar técnicamente el proyecto, en donde 16 organismos presentaron sus pronunciamientos con observaciones, y solo dos, el Gobierno Regional y la seremía del Minvu, se manifestaron «conformes».
Respecto a las observaciones, se desprende del proceso de evaluación ambiental que el titular no presenta los antecedentes necesarios que permitan identificar debidamente si el proyecto genera o presenta efectos, características y circunstancias correspondientes a «Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos».
En detalle, la seremi de Energía solicita, respecto de la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de la planta desaladora, indicar la potencia durante la fase de operación del proyecto.
En cuanto a las líneas eléctricas de abastecimiento de energía durante la fase de operación, se pide indicar número de postes y distanciamiento entre ellos. Además se consulta si se considera el uso de energías renovables, información no disponible en el Estudio de Impacto Ambiental.
Por su parte, la seremía del Medio Ambiente formuló observaciones respecto a la línea de base, ya que en la zona de emplazamiento del proyecto se ubican importantes poblaciones de lucumillo, especie en categoría de conservación, en donde el titular no presenta los antecedentes necesarios para evaluar y determinar que no existe un impacto negativo en el desarrollo del proyecto.
