Cerca de $1.400 millones fueron pagados a personas que no habrían prestado servicios, según investigación interna. El exconcejal Jorge Hurtado y Mauricio Ibacache figuran entre los aludidos.

Por Joaquín López Barraza

Una auditoría interna destapó un grave desorden financiero en la Corporación Municipal Gabriel González Videla (CMGGV) de La Serena: más de mil boletas de honorarios fueron emitidas sin respaldo documental, por un total cercano a los $1.400 millones. Los pagos se realizaron principalmente entre 2015 y 2021, a personas que no habrían prestado servicios comprobables y cuyas contrataciones carecen de informes, registros u órdenes formales de trabajo.

Según reveló el medio CIPER, una de las situaciones más llamativas es la de Jorge Hurtado Torrejón, exfuncionario de la corporación y excandidato por Renovación Nacional, quien habría recibido un sueldo mensual de $2,5 millones durante años, además de anticipos por $18 millones, sin que existan documentos que respalden sus funciones. Su contrato lo situaba como asesor de presidencia, un cargo que no figura formalmente en la estructura orgánica de la entidad. Este medio intentó contactarlo, sin obtener respuesta.

El listado de personas con boletas cuestionadas supera los 160 nombres. En muchos casos no existe ningún informe, mientras que en otros se presentan documentos genéricos, sin firma ni fecha, e incluso copias idénticas de informes usados por distintos trabajadores.

Desde el entorno de la auditoría se habla de una práctica sostenida de contrataciones sin función real, que permitió el ingreso de operadores políticos bajo el amparo de la falta de fiscalización.

Entre los funcionarios que aparecen involucrados en este sistema de pagos también figura el exconcejal de La Serena Mauricio Ibacache, quien ejerció entre 2008 y 2021. Tras dejar su cargo como edil, fue contratado por la misma corporación como coordinador del Programa de Valoración Cultural, con un sueldo superior a $1,6 millones. Sin embargo, en mayo de 2024 fue desvinculado tras una investigación de Contraloría que detectó incumplimientos de jornada laboral y ausencia de labores comprobadas.
Desde el municipio señalaron que los antecedentes fueron remitidos tanto a la Contraloría General de la República como al Ministerio Público, y que se evalúan posibles acciones legales. La preocupación es mayor si se considera que los fondos involucrados estaban destinados a financiar áreas sensibles como educación y salud.

«Me enteré por la prensa de que había gente que boleteaba sin ir a trabajar»

Consultado por este medio, Mauricio Ibacache descartó haber tenido algún rol de dirección dentro de la Corporación Gabriel González Videla y aseguró que fue contratado como funcionario a cargo de las áreas de arte, cultura y música. «Yo era un trabajador más. No tenía ninguna responsabilidad sobre contrataciones ni sobre pagos a otras personas», señaló. Según afirmó, su desvinculación —ocurrida en mayo de 2024— coincidió con el lanzamiento de su campaña para las primarias a la alcaldía de La Serena, lo que a su juicio no fue casual. «Esto fue una persecución política. El sumario lo instruyó Ernesto Velasco, que era candidato, y me despidió Roberto Jacob», apuntó, mencionando directamente al exalcalde como responsable de su salida.

Respecto a los antecedentes detectados por la auditoría, reconoció que no estaba al tanto de las prácticas investigadas. «Yo me enteré por la prensa de que había gente que boleteaba sin trabajar. Eso es fraude, es robo, y tiene que castigarse penalmente», afirmó. Al mismo tiempo, cuestionó el actuar de la corporación por no haber detectado antes las irregularidades. «Si después de tres años y cinco meses se dan cuenta de que alguien no hacía la pega, entonces los mecanismos de supervisión fracasaron. Esa es la pregunta que deberían hacerse», indicó.

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