Tras el visto bueno por 33 votos a favor y 17 en contra del texto, dos académicos y un sociólogo regionales analizaron el panorama próximo, que aseguran estará fuertemente marcado por la insatisfacción de la ciudadanía y la imposibilidad de llevar adelante un tercer proceso.
Si bien se trató de un resultado esperable, la determinación del pleno del Consejo Constitucional que tuvo lugar el lunes, y que finalizó en su aprobación por 33 votos a favor, 17 en contra y ninguna abstención, es un hecho político importante.
Más allá de las mayoritarias definiciones de la derecha, las posibilidades de cara al plebiscito de salida, que tendrá lugar el domingo 17 de diciembre, podría estar influenciada por un elevado desconocimiento y también cierta apatía hacia el proceso, según marcan las encuestas.
Diario La Región conversó con tres expertos, dos académicos y un sociólogo, para intentar adelantar los efectos que este segundo proceso constituyente podría tener en la ciudadanía. Se analizó lo ocurrido y sus posibles consecuencias.
UN LARGO PROCESO
El sociólogo y académico de la UCN, Manuel Escobar, sostuvo que «nunca se puede olvidar que el origen de todo esto surge de una crisis social, la que fue resuelta mediante la vía institucional y un acuerdo político que da origen al primer proceso constitucional. Creo que en ese momento tuvo lugar un imaginario social y se instaló la idea de que era posible enfrentar esta situación mediante un cambio constitucional. Y eso continúa, porque hay una crisis de la cohesión social».
Escobar recordó que el primer proceso «estuvo marcado por una mayoría circunstancial de izquierda, donde tuvo mucho que ver el descrédito de la política tradicional. En esa propuesta no primaron los acuerdos porque una Constitución no es un programa de Gobierno, y fracasó porque fue monopolizada por sectores de izquierda».
Para el sociólogo, el segundo proceso tiene problemáticas similares. «La diferencia es que la mayoría circunstancial esta vez fue de derecha. Eso se explica porque en el imaginario social se impusieron las urgencias de la realidad, y que son tres: seguridad pública, migración y crecimiento económico. Así, la mayoría circunstancial de derecha aprovechó este escenario».
UN NUEVO ELECTORADO
Luis Moncayo, académico del Instituto de Políticas Públicas UCN, aseguró que «las personas normalmente no leen las propuestas constitucionales. Por lo tanto se agrupan en torno a opciones, no por convicción, sino por credibilidad y teniendo en cuenta los mensajes de campaña. Por lo tanto, la gente no va a aprobar o rechazar en función de un análisis».
A juicio de Moncayo, lo que va a suceder es que «la gente va a tomar posturas en torno a la confiabilidad de distintas fuentes o distintos líderes. Creo que el ejemplo más gráfico de esta falta de racionalidad es que incluso antes que se aprobara el texto por parte de los consejeros constitucionales, las propuestas públicas estaban prácticamente planteadas. En ese sentido, vamos a tener una bipolaridad, por lo que se desarrollará una campaña fuerte e intensa para mostrar las bondades de cada una de las opciones».
En el caso de posiciones más progresistas, el académico aseguró que hay curiosidades. «Han señalado que se debe votar rechazo, pero para mantener esta propuesta se debe mantener la Constitución actual. Vaya paradoja, pues esto complica a sectores socialdemócratas. En el caso de quienes buscarán respaldar el Apruebo, deberán internarse mucho más en el texto para así demostrar con argumentos que la propuesta es válida».
Sobre la posibilidad de un tercer proceso constituyente, Moncayo acotó que «los chilenos no hemos estado a la altura de asumir una labor tan compleja como es la elaboración de un texto constitucional. Nos quedó grande la tarea y debemos esperar largo tiempo para volver a trabajar en este proceso».
LA EDUCACIÓN, ASPECTO CLAVE
El sociólogo Juan Rojas, en conversación con Diario La Región, acotó que hay un tema fundamental que la propuesta de nueva carta fundamental está olvidando y que le preocupa. «El artículo 23 habla de educación, y señala que es obligatoria para la enseñanza básica y media, pero deja a la gratuidad de la educación superior en el limbo. Por lo tanto, no se va a abordar una antigua aspiración que es la educación gratuita».
A juicio de Rojas, «éste, como varios otros temas, son un retroceso de un par de siglos. Es una pena que el espectro político no se haya puesto de acuerdo al menos en mantener lo que se tiene, más allá de que la Constitución del ’80 ratificada por Ricardo Lagos sigue siendo un problema, pensando sobre todo en las grandes mayorías y en los trabajadores del país».
