Ya fueron los alegatos de Fiscalía, querellantes y la defensa del capitán de Ejército por su presunta participación en los delitos de homicidio simple en contra del joven ecuatoriano, y violencia innecesaria con resultado de lesiones graves en contra de Rolando Robledo y César Véliz.
Entre jueves y viernes se realizaron todos los alegatos. También de la defensa del capitán de Ejército José Faúndez, como imputado por su presunta participación en la muerte del joven ecuatoriano Romario Veloz, además de violencia innecesaria con resultado de lesiones graves contra Rolando Robledo y César Véliz.
Esto, luego de la marcha del 20 de octubre del año pasado, que lamentablemente terminó con incidentes y la posterior muerte de Romario frente al terminal de buses de La Serena, donde hoy un monumento recuerda su deceso.
FUE BALACERA
La formalización partió con la intervención de la Fiscalía, y ayer de los querellantes, quienes entregaron pasajes antes no conocidos respecto a la muerte de Romario.
Por ejemplo, que las personas que estaban reanimando a las víctimas «lo hacían cubriéndose de las balas que seguían siendo disparadas por parte del personal militar», comentó la abogada Adriana Rojas.
Así lo señaló un testigo en el mismo informe policial, «quien asiste a los tres heridos, dando cuenta de que los disparos comenzaron apenas algunos manifestantes lanzaron piedras en contra de los militares».
Afirmó el testigo «que las detonaciones duraron varios minutos, y que mientras ellos trataban de auxiliar a los heridos debían, además, proteger sus propias vidas».
Para la jurista, «esta demostración de uso irracional de la fuerza, desmedido en contra de la población civil desarmada, generó un contexto de guerra a plena luz de día, un domingo de primavera».
Lo que ocurrió después de herir a Rolando Robledo, afirma la abogada, «refuerza la hipótesis de la alevosía, pues pese a la imposibilidad de que la población que estaba en ese lugar se defendiera o pudiera repeler el ataque, el imputado mantuvo orden de fuego, lo que le costó la vida a Romario Veloz, y en este caso particular también César Véliz fue víctima de estos disparos».
Respecto a la medida cautelar, se pide prisión preventiva, «primero por ser necesario para la seguridad de la sociedad y segundo, por ser indispensable para el éxito de la investigación».
Otro de los abogados querellantes, Alvaro Aburto, manifestó que «existe una suerte de distracción de evidencia en el sitio del suceso, porque las vainillas son recogidas, se llevan al regimiento, pero no se hace registro de esa evidencia, como señaló el funcionario Edmundo Torres -encargado del polvorín- en su declaración del 30 de julio de 2020».
Para Aburto «existe evidencia que se recoge, que no se registra, no se entrega y que aún desconocemos, lo que podría ser muy importante para conocer, por cierto, la identidad de las personas que hicieron uso del armamento de guerra».
HABLAN DE CIVILES QUE
LLEVABAN ARMAMENTO
Además, sostiene que «existe una suerte de inoculación de relato, pues si observamos las declaraciones de los funcionarios, todos hablan de civiles que portaban armamento, de civiles que arrojaban bombas incendiarias, pero de eso no existe evidencia. Entonces en algún punto de la secuencia de eventos, desde que se interviene el mall Plaza hasta que se regresa al regimiento, podría existir, y es verosímil pensar, una coordinación en este relato que escala al propio jefe de la defensa nacional, Jorge Morales».
En este punto, el querellante precisa que Morales «da cuenta al Estado Mayor del Ejército de unos hechos que no dicen ninguna relación con lo que hoy (ayer) ventiló y también el día de ayer (jueves) la Fiscalía en esta audiencia, indicando que los funcionarios fueron rodeados, fueron superados, fueron atacados y que habían civiles portando armamento de fuego, que es lo mismo que dicen los subalternos del imputado Faúndez…».
Por eso, entiende Aburto que esta cautelar, así como lo han señalado otros querellantes, «sea cumplida en un centro dependiente de Gendarmería de Chile y no del Ejército, porque eso además de no tener un fundamento normativo, supone a su vez un riesgo para el éxito de la investigación».
El día lunes se desarrollarán las réplicas y la decisión del tribunal respecto a cautelares y plazo de investigación.
