Después de acogerse un recurso de protección, la Delegación Presidencial trabaja para resolver la entrega del servicio, cuya suspensión se dictó por instrucción ministerial, pese a que en la comunidad dicen pagar arriendo a Bienes Nacionales.
Por René Martínez Rojas
Mientras la comunidad Buenaventura en La Varilla 4 espera paciente el abastecimiento de agua potable, el delegado presidencial Galo Luna abordó la controversia generada por la suspensión del servicio, aclarando que no se trata de un conflicto, sino del cumplimiento de la normativa vigente.
Si bien la Corte de Apelaciones de La Serena ordenó que se restituyera el agua a través de camiones aljibes, después de acoger un recurso de protección, Luna afirma que «estamos trabajando para darle cumplimiento a esa sentencia, que en el fondo nos da la orden de establecer las coordinaciones con los servicios competentes para disponer de la solución».
Explica que el fallo instruye a la Delegación establecer coordinaciones con los servicios competentes para solucionar el problema en un plazo determinado, que es de 30 días, una vez conocido el fallo.
«Una cosa es que a mí me instruyan a entregar el agua y otra cosa es hacer las coordinaciones para solucionar el inconveniente. Y lo que estamos haciendo es generar precisamente una coordinación con servicios como el MINVU (Ministerio de Vivienda y Urbanismo) para ver cómo resolvemos el problema, pues este asentamiento está reconocido en el catastro de campamentos…».
Con fines productivos…
La suspensión se originó porque el Ministerio del Interior actualizó su circular reguladora (Circular N° 7), la cual prohíbe la entrega de agua a campamentos y tomas.
No obstante, en la comunidad emplazada en Las Compañías, a unos 4 kilómetros del cementerio y del Complejo Los Llanos, recalcan que no son una «toma» ni un «sitio ocupado» y que están amparados por un comodato de cinco años con Bienes Nacionales, a quien le pagan arriendo mensual, incluso con cobros retroactivos que se extienden hasta por diez años.
En ese punto, el delegado admite que el arriendo que cancelan es con fines productivos y no habitacionales, «por lo que existe una confusión en eso».
Sin embargo, insiste en que el objetivo es cómo podrán satisfacer esa necesidad y quién la va a hacer, «porque existen muchas restricciones y normativas, así que no es tan rápido y fácil cumplir el objetivo final, por eso estamos haciendo lo que la Corte nos mandató, que es establecer todas estas coordinaciones».
Algo que, por lo demás, tampoco es nuevo, pues varias veces la Corte los ha mandatado cuando se hacen desalojos y de esta manera poder garantizar -sobre todo- la seguridad de los grupos vulnerables o de especial cuidado.
En el fondo, enfatiza que tendrán que hacer un balance «entre lo que nos permite la normativa vigente y la necesidad de la población. Debemos ver cómo vamos a satisfacer esa diferencia, toda vez que hoy existe una necesidad, pero que la propia normativa nos impide cumplir. Eso es lo que hay que ver cómo lo salvamos jurídica y técnicamente».
