La investigación por presunto fraude al fisco en el GORE, que había sido radicada en Valparaíso para evitar presiones locales, queda ahora en manos del Fiscal Regional Patricio Cooper.
El senador Daniel Núñez critica la decisión: «No aceptaremos ni el reinicio ni el congelamiento de la causa».
Joaquín López Barraza
Un sorpresivo giro administrativo remeció el curso de la investigación del caso «Papaya Gate», la causa por presunto fraude al fisco en el Gobierno Regional de Coquimbo.
El caso, que estaba a cargo de Claudia Perivancich, fiscal regional de Valparaíso, vuelve a manos del ente persecutor de Coquimbo por determinación del fiscal nacional, Ángel Valencia.
En un inicio, la causa había residido en Coquimbo, pero se tomó la decisión de trasladarla a Valparaíso precisamente para evitar que los imputados —personas con poder político y económico— ejercieran algún tipo de presión o influencia en la fiscalía local.
La información fue difundida a través de un comunicado de prensa de la institución, que no entregó mayores detalles de lo que motiva este cambio.
En el texto, solo se especifica que la investigación «será llevada por el Sistema de Análisis Criminal, Crimen Organizado y Alta Complejidad SAC de la región de Coquimbo». Patricio Cooper, fiscal regional de Coquimbo, dispuso que dicho sistema sea el encargado de esta etapa de investigación.
El fantasma de SQM y la presión a Cooper
El caso «Papaya Gate» es llevado adelante por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos (SII), a cuya acción penal se sumó el senador Daniel Núñez.
Una de las mayores preocupaciones del abogado Luis Acevedo, quien representa al senador Núñez como parte querellante, son las similitudes que tiene este proceso con el caso SQM, donde cambios de equipo terminaron debilitando la persecución penal.
Núñez critica el riesgo de dilación
El senador Núñez fue categórico al expresar su preocupación, apuntando al riesgo de «enfriamiento» y exigiendo la máxima eficiencia al Fiscal Cooper, quien recientemente fue apartado de la arista ProCultura debido a la falta de diligencias.
«Existe un temor legítimo respecto a cualquier traslado en causas complejas, porque en Chile hemos visto cómo estos movimientos pueden terminar debilitando las investigaciones», sentenció Núñez.
El parlamentario indicó que no aceptarán el riesgo de dilación que implica un cambio de equipo: «Un cambio de equipo siempre abre dudas sobre eventuales retrasos, pero quiero ser claro: no aceptaremos ni el reinicio ni el congelamiento de la causa.
«Este caso requiere avanzar, no retroceder. Como querellante estaré observando cada etapa para asegurar que el fiscal Cooper cumpla con los estándares de eficiencia y que este traspaso no se transforme en una excusa para dilatar la investigación».
Respecto a que el Fiscal Cooper asuma el control de la causa, la exigencia es aún mayor. «Los cuestionamientos previos al fiscal Cooper son un hecho y entiendo la preocupación ciudadana. Pero justamente por eso la exigencia es aún mayor: esperamos que ahora actúe con eficiencia, rigor y sin dilaciones».
Vulneración de plazo razonable y riesgo de influencias
El abogado Acevedo explicó que, aunque los imputados ya no pueden alegar prescripción, el principal riesgo de este traspaso es que la defensa apueste a la dilación para alegar una vulneración al plazo razonable.
«Lo que sí puede ser la estrategia es la vulneración a plazo razonable y que termine como terminó también el caso SQM, con los 8 absueltos precisamente por infracción del plazo razonable», sentenció Acevedo.
El senador Núñez agregó que el regreso de la causa a La Serena expone nuevamente la investigación a los conflictos que se buscaban evitar: «Es legítimo reconocer que existen riesgos derivados de las redes de poder e influencia locales. Por eso este movimiento genera aprensiones. […] Lo importante es que el fiscal Cooper actúe con eficiencia y total independencia, y yo estaré vigilante para que este regreso territorial no signifique retrocesos ni congelamiento de la causa».
Acevedo indicó que la parte querellante dará un «tiempo prudente» para que el nuevo equipo se interiorice del caso. «Lo que nosotros hacemos como querellantes es una especie de control cruzado para estar buscando que apliquen correctamente el derecho. Y aparte de eso, estar colaborando con la investigación y con los equipos de fiscalía».
Contexto de
los imputados
La última audiencia concluyó con las medidas de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para los dos imputados que eran funcionarios públicos: la exintendenta Lucía Pinto y el exadministrador regional José Cáceres, ambos formalizados por presunto fraude al fisco.
En tanto, los cinco empresarios acusados por delitos tributarios —Lorenzo Iduya, Nicolás Bakulic, Luis Iver, Karim Daire y Manuel Daire— quedaron con firma mensual y arraigo nacional.
Mientras que el empresario Pablo Bracchitta, también formalizado por fraude al fisco, quedó sin ninguna cautelar, pues la jueza en aquella instancia determinó que no se acreditaron presunciones fundadas de participación en el delito imputado. La próxima audiencia clave es en enero de 2025, donde se solicitará la ampliación del plazo de investigación.
