Por caso de Área Marina Costera Protegida Archipiélago de Humboldt. Hace unos días, además, ingresaron una denuncia a Contraloría porque estiman que existen irregularidades en el Plan de Manejo.
Pescadores de La Higuera presentaron la mañana de ayer la ampliación de una querella contra el seremi de Medio Ambiente, Leonardo Gros, por el presunto delito de prevaricación y falsificación por ocultamiento para favorecer condiciones que permitieran decretar el AMCPMU Pingüino de Humboldt.
Una nueva acción contra la cartera, por cuanto hace pocos días ingresaron una denuncia a Contraloría por lo que ellos estiman que «hay irregularidades en el Plan de Manejo del Área de Conservación de Múltiples Usos».
A juicio del gremio, esta querella se suma a una serie de acciones legales y públicas que han desarrollado, toda vez que han señalado en reiteradas oportunidades una «discriminación, exclusión y manipulación» en el proceso de declaración y planificación del área marina protegida más extensa del país.
Aunque el seremi no quiso abordar en detalles lo sucedido, manifestó que, respecto a la supuesta ampliación de la querella, «no nos podemos referir por desconocer el contenido de la misma. Además, no podemos opinar de procesos judiciales en curso».
En cuanto al requerimiento a Contraloría, manifestó estar «a disposición de los requerimientos que esta institución pueda hacernos y también respetamos el derecho de los ciudadanos a hacer llegar su inquietud de la Contraloría».
Detener actual proceso
La acción judicial se origina en febrero de este año, cuando ingresaron una querella ante el Juzgado de Garantía de La Serena apuntando directamente al Seremi de Medio Ambiente. En esta ocasión, se determinó ampliar el recurso contra otra profesional, a quienes acusan de cometer presuntos delitos de prevaricación administrativa, falsificación de instrumento público, denegación de servicio e impedimento arbitrario del curso de una solicitud, entre otros.
Para Jorge Valladares, abogado de los gremios de pescadores, «se ha manipulado un proceso que debió ser técnico y participativo para imponer decisiones políticas preconcebidas, sin considerar ni consultar a las comunidades costeras. Se incorporan áreas que no estaban definidas principalmente con el afán de cumplir con un compromiso de carácter político».
Los hechos que motivan la ampliación de la querella incluyen el ocultamiento de información relevante en el Comité de Ministros, como la existencia de la concesión marítimo-portuaria del proyecto Dominga, con el objetivo de extender el polígono de protección a dicha zona.
Para el pescador y vocero del gremio, Jorge Cabrera, «el propósito de esta área protegida no fue ambiental, fue político. Lo que se busca es frenar proyectos mineros, pero en el camino se está atropellando el desarrollo sustentable de nuestras comunidades».
