52 años años después de sus ejecuciones, los nombres de las 15 personas asesinadas en octubre de 1973 por la Caravana de la Muerte, vuelven a emerger desde la tierra removida del cementerio de La Serena, tras corroborar la identidad de los cuerpos exhumados. Oscar Cortés Cortés uno de ellos.
Por René Martínez Rojas
Días después que Oscar Cortés Cortés cayó detenido junto a otros 14 compañeros en octubre de 1973, fue visitado por su esposa en la cárcel de La Serena. Antes de verse por última vez le dijo que estaba embrazada. A los meses nació una niña.
Cortés era un detenido desaparecidos, hasta que en 1998 fueron exhumados desde la fosa común del cementerio de La Serena, los restos de 18 personas, y entregados a sus familiares. Lamentablemente, con errores en la identificación.
Tuvieron que pasar otros 25 años para que esta vez sí se corrobora la identidad de los cuerpos, 15 de ellos víctimas de la Caravana de la Muerte.
«Nosotros no teníamos información del resultado que nos entregó el ministro Sergio Troncoso (destinado por la Corte Suprema a investigar, con dedicación exclusiva, las causas sobre violaciones graves de los derechos humanos entre los años 1973 y 1990 entre las regiones de Arica y Coquimbo), puesto que las exhumaciones fueron en noviembre del año pasado, enmarcadas en el Plan Nacional de Búsqueda, que es algo que todos los familiares le agradecemos mucho a este gobierno», cuenta Tatiana Cortés Segovia, hija de Oscar Cortés Cortés.
Ese año se hizo la primera exhumación «y se advierte este error, por eso se nos informa y se nos da la libertad de que podamos realizar nuevamente estas exhumaciones. Y la mayoría -una sola familia no quiso- estuvo de acuerdo, porque entendimos que no solo existía la posibilidad de que nos hubieran entregado equivocadamente los restos de nuestros familiares, sino que, además, pudieran aparecer los restos de algún familiar detenido desaparecido…», recuerda.
«íbamos a ver
a tu papá…»
Aunque efectivamente hubo algunos casos en que los vestigios entregados correspondían al familiar, como el caso de Gabriel Vergara en Ovalle, hubo entregas cruzadas.
«Estas noticias siempre son bien impactantes en el momento. Después uno va decantando, la pena se va, y en el caso nuestro conversábamos con la familia Alcayaga después de la reunión -del miércoles con el ministro Troncoso y decíamos: nosotros íbamos al cementerio a ver a tu papá y ustedes estaban a ver a mi papá en La Serena…».
Evitar el negacionismo
En Ovalle hay tres personas que estaban en el cementerio municipal: Gabriel Vergara, Pedro Hipólito Cortés y su papá, Oscar Cortés, «y entiendo -hasta el momento- que los familiares de Gabriel Vergara lo quieren llevar a Villaseca, porque era de esa localidad, y los restos de mi padre con Pedro Cortés, al mismo lugar donde estaban originalmente, que es el cementerio municipal de Ovalle».
Para Tatiana, consejera regional del PC por la provincia del Limarí, el objetivo fundamental de todo esto «es mantener viva la memoria, toda vez que fueron asesinados en un contexto político, por pensar diferente, y es algo que no queremos que vuelva a ocurrir».
Aunque hoy existe un dejo de tranquilidad después de los resultados entregados, donde primero se organizaron las piezas óseas recogidas de cada una de las exhumaciones, luego se hizo un inventario, las catalogaron, las asociaron e hicieron la toma de la muestra para la prueba genética, «aún hay mucho dolor, rabia también asociada, y esta sensación de humillación, porque finalmente es como una falta de respeto, una no dignificación de la vida, de la existencia».
En cuanto a lo que viene, y según lo que les informó el ministro, «nos estarían restituyendo sus restos en diciembre. Pero todo esto debemos decantarlo. Lo importante es que tenemos una buena comunicación entre las 15 familias y siento que debemos tomar una decisión lo más colectiva posible para hacer una misa, quizás juntarnos todos, ya que que con el tiempo hemos ido creando lasos».
Fue en diciembre del año 2023 cuando la Corte Suprema confirmó la condena al excomandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, sentenciado a cinco años de presidio como cómplice de 15 homicidios y elevó las penas de ocho militares por diversos homicidios cometidos el 16 de octubre de 1973, indagados en el proceso conocido como »Caso Caravana de la Muerte. Episodio La Serena».
Álvaro Aburto, abogado encargado del Programa de Derechos Humanos de la seremi de Justicia, cuenta que «con más o menos satisfacción, porque creo que cada uno tiene juicios distintos sobre si las penas representan el daño provocado, ya que hasta la fecha existe un prófugo (Jaime Ojeda Torrent debe purgar 10 años y un día de presidio) y está siendo buscado por la policía y creo que va a dar resultado en un momento u otro, ya que hay muchos prófugos que han sido detenidos. Acá en la jurisdicción de La Serena teníamos 7 prófugos y todos fueron recapturados. Entonces se ha hecho un trabajo importante en la búsqueda de esas personas».
