El principal sospechoso del homicidio de Ana María Pizarro fue detenido en Venezuela, lo que generó expectativas en Chile sobre su eventual regreso para ser juzgado. Sin embargo, el proceso enfrenta obstáculos legales y diplomáticos que podrían alargar su resolución.
Por Joaquín López B.
Tras 17 días de búsqueda, los restos de Ana María Pizarro fueron encontrados en el sector de Cuatro Esquinas. Las diligencias investigativas apuntaron como presunto responsable a José Alejandro Medina Ladera, de nacionalidad venezolana.
Para evitar su fuga, se activó una alerta internacional, pero logró evadirla. No fue hasta el pasado sábado que la policía venezolana confirmó su detención en la ciudad de Valencia.
El fiscal regional (s), Eduardo Yáñez, aseguró que se solicitará una audiencia de extradición con el fin de que sea juzgado por la justicia chilena.
El Gobierno ha reafirmado su intención de concretar la acción, aunque expertos advierten que tres elementos dificultan el proceso: la Constitución venezolana, el tratado bilateral entre ambos países y la ruptura de relaciones diplomáticas.
Así lo reconoció Luis Cordero, ministro de Seguridad Pública, quien explicó que la Carta Magna de ese país impide la entrega de sus connacionales: «Probablemente esto se convertirá en un tema de discusión», dijo, aludiendo a lo establecido en el artículo 69 de la Constitución Bolivariana de Venezuela.
Extradición cuesta arriba
En este escenario, el abogado Claudio Moreno, experto en Derecho Internacional, destacó que la extradición es una figura de cooperación basada en el principio de reciprocidad entre Estados.
Existen dos tipos, explicó: la activa, cuando un país solicita a otro la entrega de una persona acusada de cometer un delito; y la pasiva, cuando un Estado es requerido por otro. En este caso, se trata de una extradición activa por parte de Chile.
Sin embargo, la falta de relaciones diplomáticas entre ambos países representa un obstáculo adicional. Según el jurista, el tratado de extradición vigente desde 1964 establece que ninguno de los dos Estados está obligado a entregar a sus nacionales: «Este tratado no obliga a ambos países a entregar a sus connacionales», subrayó.
¿Y si no lo entregan?
Aunque el delito imputado cumple con los requisitos legales para pedir la extradición —es decir, una pena superior a un año—, advirtió que la situación aún está en una fase inicial. «Es necesario que el Ministerio Público formalice la investigación para demostrar que Medina está siendo perseguido por un crimen específico», señaló. La formalización en ausencia sería una alternativa viable.
El abogado aclaró que, si la extradición no se concreta, Venezuela tiene igualmente la responsabilidad de juzgarlo por el femicidio de Ana María Pizarro. «La no extradición no exonera al Estado venezolano de procesar al presunto autor del delito», recalcó.
Un proceso incierto
En términos jurídicos, «lo que se debiese esperar es que la extradición sí proceda, pero lo haga en cumplimiento de una lógica de buena fe internacional y respeto a las instituciones», indicó.
No obstante, reconoció que en el caso venezolano «se dificulta un poco. Entonces, a la pregunta de ‘¿se puede extraditar o no?’, yo creo que hay obstáculos, tanto desde el derecho interno de Venezuela como por el quiebre en las relaciones diplomáticas. Por supuesto, eso dificultará bastante las cosas».
