La idea es que el patrimonio mal habido de la persona, el único detenido hasta el momento tras la Operación Oro Rojo, y otros, pueda ser usado para indemnizar a los afectados.
Por René Martínez Rojas
Qué duda cabe que Coquimbo es una de las regiones donde se concentra la mayor cantidad de robo de cable y La Higuera, una de las comunas que lidera el listado.
De hecho, el caso de mayor connotación se registro precisamente en la región, en el mes de mayo, cuando fue descubierta una organización delictual dedicada a la sustracción, comercialización y exportación ilegal de cobre.
Al final, 13 fueron las personas sentenciadas por asociación criminal, receptación y lavado de activos tras la Operación Oro Rojo, banda que estaba detrás justamente del robo de cables, que luego era procesado e ilegalmente comercializado en el extranjero.
De ellos, solo su líder purga prisión preventiva, un exmilitante del Partido Republicano y excandidato a alcalde por la comuna de Coquimbo, Francisco San Martín.
Justamente por eso, este viernes en la comuna de La Higuera se desarrollará una asamblea ciudadana que buscará hacerse parte con una demanda colectiva. Así confirmó el senador Daniel Núñez.
«Aunque se encuentra detenido han obtenido con estos robos millonarias ganancias. La idea es que el patrimonio mal habido de esta persona, que son varios cientos de millones de pesos, pueda ser usado para indemnizar a los afectados, especialmente a la gente que tenía un negocio, a la gente que se le dañó un artefacto eléctrico. Cualquier persona que se haya visto perjudicada y de esta manera podamos demostrar el daño que provocó, puede ser parte de esta demanda colectiva».
A juicio del senador, el objetivo «es combatir este delito», pero principalmente «realizar una acción ejemplar y que se entienda que le vamos a quitar la plata a todos aquellos delincuentes que se han enriquecido con esta actividad…».
Gente de negocio
Junto al senador, el concejal Urbano Morales (PC) es quien lidera la acción y pretende que finalmente pueda dar resultados. Para eso, un equipo jurídico los asesorará.
Dice que hace más de dos años que han estado sufriendo «esta desgracia» y que se han realizado reuniones con la PDI, CGE (Compañía General de Electricidad) y la población buscando a los responsables.
Por suerte, «hace un par de meses se descubrió quién y quiénes estaban detrás de esta mafia del robo cable a nivel nacional, el que exportaban al extranjero, y por eso que este viernes se va a hacer esta asamblea para toda la ciudadanía y de esta manera buscar todos los antecedentes para ejecutar una demanda colectiva en contra de los responsables, porque sabemos que tienen un patrimonio importante».
Y si bien existe una persona en prisión preventiva, «todos sus bienes los tiene en viviendas. Entonces la idea es, de alguna forma, buscar una compensación para la gente que fue dañada y para eso se necesitan los datos y antecedentes de quienes sufrieron el perjuicio directamente, gente de negocio».
En la asamblea, junto a un equipo jurídico, se les presentará a la comunidad cómo se va a materializar esta demanda colectiva, en qué consiste y lo que se necesita para que tenga frutos «y que realmente resulte», agrega el concejal.
Para eso se invitó a las juntas de vecinos y organizaciones «porque el objetivo principal es contar con la mayor cantidad de personas para levantar toda esta información y tener algo sólido para después elaborar la demanda».
