Mientras la justicia falla a favor de los residentes que pagan arriendo a Bienes Nacionales, el corte de agua impuesto por le Delegación Presidencial los ha obligado a depender de vecinos, todo en medio de caminos intransitables y nulas respuestas de las autoridades.
Por René Martínez Rojas
Para algunos, casi diez años después y una cuarentena de por medio, la falta de empatía vuelve como una piedra en el zapato.
Porque en la comunidad Buenaventura, asentada en en La Varilla 4, nadie lo pasan bien. En su mayoría, madres y esposas. Todas con diferentes historias, pero con un mismo sentir: enfrentar la invisibilidad y un abandono sistemático, también con la falta de agua, a pesar de haber obtenido un triunfo contra la Delegación Presidencial por el corte del suministro hídrico.
Solo en ese lugar, a casi 4 kilómetros del complejo deportivo Los Llanos y el cementerio de Las Compañías, «nadie ha venido a conocer la realidad. Somos una comunidad de crianceros, agricultores, artesanos, apicultores y tenemos esta sede –donde se realizó la entrevista- como espacio para reunirnos», cuenta Rosa, una de las dirigentas.
Para tomar un colectivo y estar cerca de la red de luz, son cerca de 40 minutos caminando, «entonces se nos hace muy difícil. Todos tenemos nuestros proyectos, pero el problema es el agua. Malos caminos y no envían máquinas para emparejar. Hace años que estamos abandonados», expresa Wilson.
Junto a Rosa y los demás vecinos recalcan enfáticamente que no son una «toma» ni un «sitio ocupado» y que están amparados por un comodato de cinco años con Bienes Nacionales, a quien le pagan arriendo mensual, incluso con cobros retroactivos que se extienden hasta por diez años. No obstante, esta condición no les ha garantizado servicios básicos como luz (que suplen con paneles solares costosos) ni agua.
«Hemos estado en conversaciones por la luz, pero mientras tenemos los paneles solares que pagamos mensual, como un recibo de luz. Pero no es lo que uno quiere», advierte Rosa.
A pesar de que la Corte de Apelaciones acogió el recurso de protección interpuesto por la comunidad en contra de la Delegación Presidencial –y le dio 30 días para restituir abastecimiento- que suspendió el suministro de emergencia que proporcionaba a través de camiones aljibe, la comunidad se las ha arreglado con la ayuda solidaria de vecinos.
Pero la situación se complica por la aparición de revendedores que aprovechan la necesidad, vendiendo agua a precios que alcanzan los diez mil pesos, y que es impagable para la mayoría que vive de pensiones de viudez y cuidados.
Son 25 familias solo en esta comunidad. También hay extranjeros, pero muy pocos.
Las herramientas
El estanque de agua que les corresponde es de 5 mil litros, que les entregaban camiones aljibes tres veces por semana, y que se ubica frente a la sede vecinal, inmueble de propiedad fiscal.
«A nosotros nos dieron estos terrenos para sembrar y criar, pero resulta que ha sido solo el terreno. Hemos tenido que limpiarlo y hacer nuestros proyectos que nos exigieron, pero con la escasez de agua ha sido difícil. Nos cobran el arriendo mensual, pero no se preocupan que debemos tener agua y un camino. Vienen a visitar el proyecto, pero no se han preocupado de que tengamos las herramientas para llevarlo a cabo…», se queja una madre con su hijo en brazos.
Wilson reitera que «somos una comunidad legalmente establecida, con todo lo que es la ley. Es primera vez que tenemos problema con el agua y nuestra idea es visibilizar nuestra situación».
En cuanto a la seguridad les han dicho que irán a patrullar, especialmente por las noches, «pero nunca llegan. ¿Sabe cuándo vienen? Cuando roban vehículos y aparecen acá. Y qué dice la información: en La Varilla encontraron los vehículos robados…», se quejan.
