Ha pasado más año desde que cuatro concejales presentaran un requerimiento en el Tribunal Electoral Regional (TER) con distintas pruebas que buscan la destitución del alcalde de La Serena, Roberto Jacob, por la causal de notable abandono de deberes. A la fecha ya se hizo la rendición de pruebas y se espera que entre los meses de julio y agosto se realicen los alegatos. De ser así, la sentencia podría conocerse antes de fin de año, la que podría ser apelada en el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).
Fue a fines de abril del año pasado, cuando los concejales de La Serena Camilo Araya, Rayén Pojomovsky, Daniela Molina y Daniel Palominos, presentaron un requerimiento al Tribunal Electoral Regional (TER) en donde buscan la destitución del alcalde Roberto Jacob, acusando un notable abandono de deberes.
Además piden su inhabilitación para ejercer cargos públicos por cinco años, ya que afirman que arrastraría una deuda desde 2016 con los funcionarios de la Corporación municipal Gabriel González Videla, que supera los 13 mil millones de pesos.
En cuanto al estado actual del requerimiento, Camilo Araya, concejal de La Serena y uno de los que presentaron la iniciativa, comenta que «en la comuna de La Serena es muy probable que tengamos la misma situación del alcalde Claudio Rentería en Ovalle, nosotros tenemos el caso acá, ya se presentaron las pruebas, y lo que debiese ocurrir son los alegatos y posterior a eso vendría la sentencia del Tribunal Electoral Regional».
«Es decir, que estamos a muy poco tiempo para tener una sentencia respecto a la situación del notable abandono de deberes por parte del alcalde Jacob», añade.
En cuanto a los alegatos, la etapa que debería comenzar, señala que «no tienen una fecha establecida, pero de acuerdo a lo que hablábamos con el abogado Ricardo Sacaan, debiesen ser entre julio y agosto, porque las fechas suelen correrse un poco y esperamos tener sentencia antes de fin de año».
Control preventivo ante estas situaciones
A modo de contexto, Araya comenta que «esta semana el Contralor General del Republica informó que en Chile más de la mitad de los municipios tienen corporaciones donde se han detectado hechos de corrupción, y ante esta situación estoy convencido que es urgente dotar de este rol verdadero a los concejales a nivel nacional».
«Si bien cada vez más alcaldes terminan destituidos, creo que es necesario un control preventivo de estas situaciones», recalca el concejal.
Agrega que «es relevante señalar también que las corporaciones no pueden ser cajas pagadoras de favores políticos, eso no puede seguir ocurriendo más, y el caso puntual de la Corporación Municipal de La Serena es un saco que no tiene fondo, se le destinan miles de millones desde el municipio y de los ministerios de Salud y Educación, sin embargo la situación actual de este organismo pareciera que es peor».
A modo de ejemplo, afirma que «esta semana vimos el no pago de cotizaciones de los trabajadores del PIE en el caso del liceo Jorge Alessandri, y que también tiene su infraestructura deteriorada, en donde han sido los propios profesores y los funcionarios de la educación los que han denunciado esta situación. Entonces la corporación parece un saco sin fondo y parece que sin solución».
Respecto a la situación país de los municipios, comenta que «hay concejales que no quieren fiscalizar, porque se frustran por la lentitud y falta de justicia, y esto es un diagnostico a nivel nacional, además cuando los concejales fiscalizan, hay persecuciones en donde abundan las amenazas o las querellas por parte de los alcaldes, que tienen más poder que los concejales».
«Yo mismo lo he experimentado con las dos querellas que me ha puesto el alcalde, por injurias y calumnias, por lo que acá hay una situación de amenaza permanente, y por eso los concejales no siguen fiscalizando. Por otro lado, la Fiscalía puede ser muy lenta en algunos casos, lo que favorece situaciones de corrupción respecto a las situaciones de impunidad que se han vivido en algunos municipios», añade.
Frente al requerimiento por notable abandono de deberes, Araya sostiene que «los concejales sienten miedo, la amenaza y los costos que se pagan son muy altos respecto a las gestiones municipales que puedan realizarse, pero solidarizo con estas situaciones y los colegas de los municipios, que producto de la amenaza muchas veces no pueden realizar su labor fiscalizadora».
