Un despliegue de más de 200 efectivos de PDI y Carabineros copó el campamento La Varilla en La Serena. La fiscalización masiva terminó con cuatro detenidos y decenas de denuncias por infracciones migratorias.
Por Joaquín López Barraza
La madrugada de este lunes, un contingente de más de 200 efectivos de PDI y Carabineros ingresó a la toma La Varilla, en La Serena, en un operativo planificado por el Departamento de Migraciones e Interpol local a partir de análisis criminal.
El despliegue, con apoyo de helicóptero y dron, terminó con 374 extranjeros controlados, 91 denuncias por infracciones a la Ley de Migraciones y cuatro detenidos con órdenes vigentes por estafa, lesiones y microtráfico: tres chilenos y un ciudadano colombiano.
Desde la PDI subrayaron el uso del nuevo sistema de identificación biométrica —huellas, rostro y voz— y las consultas en línea a bases institucionales e Interpol, medidas que, aseguran, permiten «detectar con precisión a personas requeridas por la justicia», dijo el prefecto inspector Ernesto León, jefe de la Región Policial de Coquimbo.
Carabineros definió la intervención como un operativo «planificado y seguro». El general Juan Muñoz, jefe de Zona, explicó que coparon accesos con medios terrestres y aéreos para resguardar la integridad del personal y de los vecinos. Desde la Seremi de Seguridad Pública, Adio González valoró la señal de presencia estatal y el uso de tecnologías «que ayudan a producir información útil para decisiones más efectivas».
La otra mirada: temor a expulsiones. En paralelo, en la comunidad migrante el procedimiento encendió alertas. Mery Cortez, ex dirigenta de colectividades extranjeras en La Serena, contó que durante la mañana recibió múltiples llamados desde el campamento: «La gente teme que esto derive en deportaciones masivas». Según relata, la preocupación es mayor entre familias venezolanas que ingresaron por pasos no habilitados y hoy están en situación irregular, muchas veces por la lentitud del sistema: «Hay personas que pagan prórrogas durante años y la visa no llega; no es que no quieran regularizarse».
Cortez añadió que llegará a la ciudad para recoger testimonios directos y conocer cómo se ejecutó el operativo en terreno —si hubo tratos adecuados o situaciones que los vecinos consideren abusivas— antes de emitir una evaluación definitiva.
¿Qué sigue?
Desde Ministro del Interior y Cancillería no se informaron medidas adicionales vinculadas a expulsiones tras la intervención. PDI y Carabineros insistieron en que se trata de fiscalizaciones masivas con foco en identificación, requerimientos judiciales y cumplimiento de la normativa migratoria. En el campamento, la sensación es de vigilancia y expectación a la espera de nuevas acciones.
