En cada rincón de nuestra Región de Coquimbo, cientos de personas, de manera silenciosa pero decidida, lideran procesos de organización, diálogo y solución de problemas que afectan a sus comunidades. Son las y los dirigentes sociales y comunitarios: personas comprometidas que dedican su tiempo y esfuerzo, muchas veces en condiciones adversas, para mejorar la vida colectiva.
Su labor es esencial. Son el primer eslabón entre el Estado y la ciudadanía, impulsores de la participación, transformadores y defensores del bienestar común. Sin embargo, esa entrega no siempre ha sido reconocida ni resguardada. En los últimos años, hemos visto cómo muchos dirigentes y dirigentas han sido víctimas de amenazas, hostigamientos e incluso agresiones físicas por cumplir su rol, especialmente cuando abordan temas sensibles como la seguridad o el acceso a servicios básicos. Este escenario vulnera no sólo su integridad, sino también el derecho de las comunidades a organizarse y participar en la construcción de nuestro país.
Ante esta realidad, el proyecto de Ley de Protección a Dirigentes Sociales, que será votado este lunes en la Cámara de Diputados y Diputadas, se vuelve más que pertinente: es urgente. Esta iniciativa propone incorporar al Código Penal una agravante específica en casos de delitos como amenazas, lesiones u homicidios cometidos como represalia por el ejercicio de sus funciones dirigenciales. Es una medida que busca disuadir la violencia, brindar protección jurídica y reconocer institucionalmente el valor del trabajo dirigencial.
Como miembros del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, tenemos una profunda convicción en el rol transformador de la participación social. Por ello, esta legislación se enmarca en una agenda más amplia de fortalecimiento del tejido comunitario. No basta con proteger; también debemos fortalecer a nuestras agrupaciones.
En este sentido, hemos desplegado distintas iniciativas para acompañar y empoderar a las dirigencias. Entre ellas, destacan los programas de Escuelas de Formación Social, que desarrollamos junto a la Subsecretaría de Prevención del Delito. Estas instancias buscan entregar herramientas prácticas en liderazgo, prevención comunitaria, resolución de conflictos y seguridad, reforzando las capacidades locales con pertinencia territorial.
Además, se ha promovido la capacitación en derechos humanos, participación ciudadana y comunicación efectiva, reconociendo la diversidad de realidades que enfrentan las dirigencias a lo largo del país. También hemos fortalecido canales de diálogo con el Estado, creando espacios de articulación donde las voces de los dirigentes no sólo sean escuchadas, sino consideradas en la toma de decisiones.
Como Gobierno somos enfáticos en señalar que la democracia no se construye sólo desde las instituciones, sino también desde los territorios. En ese sentido, nuestro compromiso es claro: avanzar hacia un Estado más cercano, más protector y más dialogante, que no sólo valore, sino también garantice condiciones seguras y dignas para quienes cumplen un rol fundamental en la vida de nuestras comunidades.
Proteger a las y los dirigentes sociales es proteger la democracia, por eso invitamos a los parlamentarios y parlamentarias a apoyar esta iniciativa, para lograr su avance y aprobación en el Congreso.
Seguiremos trabajando junto a ellas y ellos, nuestros líderes comunitarios, porque estamos convencidos de que fortalecer su labor es construir un país más justo, más seguro y más solidario.
Paulina Mora Lara, Seremi de Gobierno de la Región de Coquimbo
