El Juzgado de Garantía de La Serena rechazó la solicitud del Consejo de Defensa del Estado y decretó arresto domiciliario nocturno para dos exautoridades regionales y firma mensual para cinco empresarios. Uno de los imputados quedó sin cautelares, al no establecerse indicios de delito en su contra.
Por Joaquín López B.
Cinco años después de que estallara el caso conocido como «Papaya Gate», el Juzgado de Garantía de La Serena resolvió este martes las medidas cautelares para los ocho imputados por la cuestionada compra de terrenos en San Ramón, operación investigada por presunto fraude al fisco y delitos tributarios.
En una resolución que rebajó significativamente las expectativas del Consejo de Defensa del Estado (CDE), la jueza Carolina Baroncini rechazó la prisión preventiva para todos los acusados, argumentando que no se configuran los requisitos legales para adoptar una medida tan gravosa.
De acuerdo con lo resuelto, se decretó arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para los dos imputados que eran funcionarios públicos: la exintendenta Lucía Pinto y el exadministrador regional José Cáceres, ambos formalizados por presunto fraude al fisco. En tanto, los cinco empresarios acusados por delitos tributarios —Lorenzo Iduya, Nicolás Bakulic, Luis Iver, Karim Daire y Manuel Daire— quedaron con firma mensual y arraigo nacional.
Uno de los imputados, el empresario Pablo Bracchitta, también formalizado por fraude al fisco, quedó sin ninguna cautelar. Según detalló la jueza, no se acreditaron presunciones fundadas de participación en el delito imputado. «No advierte el tribunal en qué momento se puede atribuir a este particular la existencia de algún engaño. Ofertó el terreno en 2017 a un precio similar al que finalmente se pagó. Es una actuación propia de un particular haciendo un negocio», sostuvo.
Baroncini incluso llamó la atención sobre el hecho de que Bracchitta haya sido imputado, pese a que fue él quien entregó dos tasaciones con valores muy distintos a los finalmente utilizados. «Si su intención hubiera sido defraudar, no habría presentado tasaciones que podrían ir en contra de su interés», añadió.
Asimismo, la magistrada descartó que existiera concertación entre Bracchitta y funcionarios del Gobierno Regional para inflar el precio de los terrenos: «Más allá de la eventual relación entre Cáceres y el señor Bracchitta, no existen antecedentes que permitan arribar a la conclusión de que este último se haya concertado para defraudar al Fisco».
Respecto de los demás imputados, la jueza tuvo en cuenta que no tienen condenas previas, se han presentado a todas las citaciones judiciales y colaborado durante la investigación. En vista de ello, consideró desproporcionado aplicar la prisión preventiva, especialmente «si ni siquiera está claro que el hecho imputado sea un delito que conlleve una pena de crimen».
Finalmente, el tribunal fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación, desestimando la solicitud de una de las defensas de reducirlo, al considerar que aún existen diligencias pendientes, como un peritaje clave sobre el valor del inmueble adquirido por el Gobierno Regional.
Para el abogado defensor de Pablo Braccitta fue una audiencia satisfactoria, pues «la jueza acogió nuestros argumentos y estamos contentos porque, tras cinco años de investigación, finalmente tuvimos la oportunidad de exponer todos los antecedentes, que ahora están en la carpeta investigativa».
También insistió en que el precio tasado fue justo y en que la visita, registrada por ley de lobby, que hubo con el municipio de La Serena no tiene relación alguna con esta causa y que «es una cuestión completamente descontextualizada, que fue citada por el Ministerio Público y el CDE».