Javier Vega, ex CORE de Coquimbo, critica el silencio político en torno al PapayaGate y llama a una memoria activa de la ciudadanía.
Tras años de investigación, el caso PapayaGate llegará finalmente a los tribunales este 26 de mayo. La exintendenta Lucía Pinto y otros siete imputados serán formalizados por fraude al fisco en el Juzgado de Garantía de La Serena, en una causa que compromete más de 9.800 millones de pesos del Gobierno Regional de Coquimbo.
Uno de quienes alzó la voz fue el exconsejero regional Javier Vega, quien desde hace años ha denunciado el entramado político que rodea el caso. Según relata, mientras fue parte del Consejo Regional, evidenció cómo se votó a favor del comodato, «aún sabiendo que no tenía la solvencia para aprobarse».
Para Vega, es importante que «ese entramado político quede en la memoria de la ciudadanía. Hay sectores políticos que están vinculados a esto, como Adriana Peñafiel, que presidió el Consejo Regional, o Marco Sulantay, en ese entonces CORE, quien fue presidente de la Comisión de Salud del Consejo».
Los nombres que nadie quería decir
El foco de la investigación está puesto sobre la gestión de Lucía Pinto, sin embargo, Vega señaló otros nombres que estarían librándose de verse involucrados, como los ya mencionados Marco Sulantay y Adriana Peñafiel. Pero además incluye a Claudio Arriagada, quien era director del Servicio de Salud regional —hoy director de la Corporación Gabriel González Videla, incorporado por Daniela Norambuena—, aunque hace la aclaración de que «no digo que sean culpables, pero hay que poner sobre la mesa a los actores políticos».
«Los partidos políticos también tienen responsabilidad en esto», señaló. A su parecer, los partidos estarían despojándose del escándalo sin hacer una mayor autocrítica, recordando que, especialmente la UDI, tiene un historial en cuanto a casos de corrupción.
Una memoria activa para una democracia real
Vega cierra su intervención con una reflexión política y ética: «Los estudiantes, los ciudadanos, no pueden aceptar que se nos robe en la cara y que no pase nada. No puede ser que delitos como estos terminen con penas irrisorias, como pasó con Penta o Soquimich. Un país menos corrupto es un país más justo. Pero para eso se necesita voluntad, memoria y participación».
El ex CORE hace un llamado directo a la ciudadanía: «Tenemos que mirar quién pone a los candidatos, quién financia sus campañas, quiénes son los que siguen instalando autoridades como si nada. Porque al final, los más perjudicados siempre son los más vulnerables».