Un grupo de abogados presentó una recusación en el máximo tribunal, debido a la amistad entre Matus y el jurista Marcelo Castillo, quien ha representado a organizaciones a favor del proyecto minero portuario.
Diversos abogados de organizaciones civiles interpusieron una recusación en contra del ministro Jean Pierre Matus, con el objetivo de inhabilitarlo en la Corte Suprema para pronunciarse sobre el proyecto Dominga.
En concreto, juristas que representan al Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de La Higuera, el Comité de Agua Potable de Los Choros, la Asociación de Pequeños Propietarios Agrícolas de Los Choros y la organización de conservación marina Oceana presentaron una recusación contra el ministro de la Tercera Sala de la Corte Suprema, invocando el artículo 196 N°15 del Código Orgánico de Tribunales, que establece como causal de inhabilidad las relaciones de amistad entre un juez y alguna de las partes.
En el documento, argumentaron que Matus «mantiene una amistad estrecha, reconocida y pública con el abogado Marcelo Castillo Sánchez», señalando que este ha representado a organizaciones a favor de Dominga y que «tanto en lo jurídico como en lo comunicacional, actúa de manera abierta en la defensa y promoción del proyecto».
En esa línea, plantearon que existen antecedentes que demuestran el rol activo de Castillo en los procesos judiciales, manteniendo «un fuerte activismo en favor del proyecto».
Por tanto, reiteraron que esta amistad pública y reconocida por ambas partes ha llevado a que Matus se inhabilite previamente en causas en las que participa el abogado Castillo. Por ello, la recusación considera necesaria la inhabilitación del juez para «resguardar la confianza pública en la administración de justicia», señalando que en este caso «la imparcialidad se encuentra comprometida debido a su cercanía con un actor clave del litigio, tornando indispensable su recusación».
Los antecedentes
La acción se presentó luego de que, el 20 de mayo, se conociera que la Sala ya estaba «en acuerdo» respecto de si admitir o no los recursos de casación presentados por el gobierno, comunidades y organizaciones de la sociedad civil.
Dichos recursos buscan que el máximo tribunal anule la sentencia del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, que declaró ilegal el rechazo unánime entregado al proyecto Dominga por el Comité de Ministros en 2023, ordenando una nueva votación.
Esta recusación se suma a la ya interpuesta por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), organismo que representa al Comité de Ministros que rechazó el proyecto. En ella se solicitó que el ministro Matus no sea quien redacte la resolución sobre la admisibilidad y, además, se pidió que el acuerdo alcanzado por la Tercera Sala se anule y se vuelva a realizar, pero esta vez sin su concurrencia.
