Pese a la molestia de quienes allí viven, era necesario la cantidad de los funcionarios y del equipamiento que se utilizó, por cuanto es un lugar «que no es de fácil acceso y es conflictivo en algunas situaciones», advierte el subprefecto Sergio Lara González, jefe del Departamento de Migración y Policía Internacional de La Serena.
Por René Martínez Rojas
Fue el lunes en la mañana cuando la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros realizaron una serie de diligencias en el campamento La Varilla de Las Compañías, en La Serena.
Una acción que se hizo hace un tiempo, pero esta vez de manera distinta, porque obedece a los lineamientos institucionales, «a un plan nacional de fiscalización que viene determinado por la Jefatura Nacional de Migraciones de la PDI y en el que se intervienen lugares específicos, luego de un levantamiento de información a través del análisis criminal e inteligencia policial», explica el subprefecto Sergio Lara González, jefe del Departamento de Migración y Policía Internacional de La Serena.
El operativo del año pasado estuvo enfocado en un acercamiento con las organizaciones sociales «y nosotros nos apostamos en un lugar que ellos nos facilitaron, donde la gente voluntariamente fue a registrarse y a entregar su identidad, especialmente aquellas personas que se encontraban en situaciones irregulares», recuerda.
Después de ese acercamiento y de empadronar a cerca de 80 personas, vino un trabajo de análisis y de inteligencia policial para poder determinar algunas incidencias que tengan relación con delitos que pudiesen producirse en el lugar.
«Esto, porque hubo –en algún momento- denuncias de algunos vehículos robados que habían aparecido en ese sector. También denuncias de manera anónima de personas que eran requeridas por la justicia y que llegaban a ese lugar para no ser encontrados y un delito de secuestro en el mes de julio de este año, que fue investigado por la Brigada Investigadora de Robos», advierte.
Incidencias que se relacionan con delitos «y que a nosotros nos permiten ir levantando información para que podamos focalizar y en el momento de realizar la fiscalización, sea determinada a lugares donde exista esta relación con algunos delitos».
Optimizar los tiempos
Sin embargo, cuenta que esta intervención tenía tres objetivos principales: detectar a personas que se encontraban en situación irregular, ubicar a personas que eran requeridas por la justicia con órdenes de detención y como tercer foco, trabajar en el lugar donde habitualmente no están realizando diligencias puntuales, pero que permiten levantar información para futuras investigaciones.
«Respecto a los dos primeros objetivos, se lograron detectar a 91 personas en situación irregular de distintas nacionalidades, y con respecto al segundo objetivo, encontramos a 5 personas que registraban órdenes de detención de tribunales de la región, las que fueron detenidas y trasladadas al cuartel para el procedimiento administrativo y presentadas al tribunal de garantía».
Si bien hubo quejas de parte de las personas que allí viven, especialmente por la cantidad del contingente que llegó, explica Lara que por la extensión del territorio «era necesario la envergadura de los funcionarios y del equipamiento que se utilizó, lo que permitió realizar un procedimiento muy tranquilo en un lugar que no es de fácil acceso y es conflictivo en algunas situaciones».
Entiende que «pudo haber sido molesto para alguna de las personas que esa mañana se encontraron con el despliegue policial», pero se utilizó de esa manera para desarrollar «un procedimiento con esas características y optimizar los tiempos, porque nosotros no trasladamos a las personas irregulares, sino que realizamos todo el procedimiento en el mismo espacio, donde montamos un puesto de mando».
En cuanto al tránsito migratorio, enseña que es un proceso dinámico y en un lugar colindante al urbano, «es habitual que exista esta movilidad y que puedan en un futuro aparecer nuevas personas que se encuentren en situación irregular o como también detectamos, a personas que registren órdenes de detención, sin señalar que todo el sector sea un sector de criminalidad».