Una de las víctimas es tío del diputado por la región de Valparaíso Luis Cuello. Antecedentes y testimonios apuntan a que se trató de un montaje de los organismos represivos del régimen.
René Martínez Rojas
Hasta noviembre del año pasado la causa estuvo cerrada. Por años archivada. Pero a petición del abogado de Derechos Humanos Hugo Gutiérrez esta fue reabierta y después de 48 años familiares de las víctimas esperan conocer la verdad.
Uno de ellos, el diputado de la región de Valparaíso PC Luis Cuello, que junto al abogado Gutiérrez ayer presentaron una querella criminal contra quienes resulten responsables por la muerte de su tío German Cuello en diciembre de 1977 en la localidad del Olivar Alto, Coquimbo.
Justamente Cuello falleció –con él también Sonia Valencia y Mario Romero, militantes del MIR- producto de un explosivo que eventualmente habría sido instalado por agentes del Estado, «por lo que creemos que tiene que seguir adelante la investigación por parte del señor ministro en visita extraordinaria, Sergio Troncoso, quien ha llevado adelante esta investigación –diría- de manera bastante rigurosa y por eso estamos muy agradecidos y creíamos necesario que se dedujera esta acción penal para que se supiera de que existe un interés de la familia en conocer la verdad y hacer justicia», sostuvo Gutiérrez.
A juicio del jurista existen varios elementos que apuntan a un montaje de organismos del régimen militar. Uno de los elementos que respaldan la teoría del montaje de los organismos represivos de la época es que, al momento de llegar las policías, la CNI y los servicios de emergencia de salud, «todos estaban muertos, pero hay un testimonio de un oficial de Carabineros que señala que cuando él ingresa una de las personas estaba viva e incluso le pide que lo mate».
Exhaustivo y riguroso
La investigación estuvo cerrada por más de diez años «y lo digo con mucho pesar, por cuanto después este expediente se extravió», agrega.
Pero después de mucho buscarla «logramos encontrarla en una bodega, justamente de la Corte de Apelaciones donde estaba, y posteriormente logramos reabrir esta investigación».
Es una indagación que lleva poco tiempo, «pero el ministro Troncoso (destinado por la Corte Suprema a investigar, con dedicación exclusiva, las causas sobre violaciones graves de los derechos humanos entre los años 1973 y 1990 entre las regiones de Arica y Coquimbo) ha sido bastante exhaustivo y riguroso, por lo que estamos muy agradecidos».
El hecho ocurrió el 30 de diciembre de 1977 en la localidad del Olivar Alto cuando la asistente social Sonia Valencia y su marido, el ingeniero Mario Romero, estaban junto al profesor Germán Cuello.
La versión oficial que fue difundida por los medios de la época fue que los tres estaban planificando varios atentados explosivos para alterar la participación en el plebiscito con el cual la dictadura buscaba legitimarse ante la ciudadanía y la opinión pública mundial.
Para el diputado, su tío falleció «producto de una explosión que se produjo en circunstancias muy extrañas y que siempre han llevado a la sospecha y no han sido aclaradas. Para nosotros es importante como familia hacer este gesto concreto, que es presentar esta acción penal y sumarnos a esta investigación».
Las expectativas para las familias son altas y por eso que le otorgaron el patrocinio al abogado Gutiérrez «quien ha conseguido con gran persistencia la reapertura de la causa y sin duda confiamos en que, pese al transcurso del tiempo, se abre una luz de esperanza para encontrar verdad y justicia y saber no solo quiénes fueron los responsables, sino también para que sean sancionados y poder establecer una reparación simbólica de la memoria».
