Luis Alejandro Salinas Leiva quedó recluido nuevamente en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó por microtráfico y tenencia de aparato tecnológico en recinto penitenciario.
El Juzgado de Garantía de Copiapó declaró este jueves 14 de agosto la legalidad de la detención de Luis Alejandro Salinas Leiva, imputado por los delitos de microtráfico y tenencia de aparato tecnológico en recinto penitenciario, ilícitos cometidos mientras cumplía condena por otra causa en el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Copiapó.
Salinas fue detenido cerca de las 19:00 horas en la comuna de Caldera, región de Atacama, tras una orden de captura vigente por su liberación indebida desde el CCP de La Serena, ocurrida semanas atrás. Según el tribunal, la medida cautelar de prisión preventiva dictada en mayo pasado seguía plenamente vigente, por lo que el imputado fue trasladado e ingresado nuevamente al penal copiapino para cumplirla mientras avanza la investigación.
Cómo se produjo la liberación indebida
De acuerdo a los antecedentes judiciales, Salinas fue trasladado a La Serena desde Copiapó luego de ser formalizado por la Fiscalía de Atacama por microtráfico al interior del recinto penitenciario y por la tenencia de un teléfono celular, hallado durante un procedimiento de registro.
La prisión preventiva debía comenzar una vez cumplida la pena que ya estaba ejecutando por un caso distinto, sin embargo, un error administrativo en el procesamiento de las órdenes de libertad provocó que Gendarmería lo dejara en libertad antes de tiempo y sin cumplir la medida cautelar.
El hecho fue detectado por el Tribunal de Garantía de Copiapó, cuyo presidente ofició a Gendarmería y al Ministerio Público informando la situación y solicitando que se iniciaran investigaciones para determinar responsabilidades. La Fiscalía calificó lo ocurrido como un delito de evasión de detenido, lo que derivó en diligencias policiales para dar con su paradero.
Una captura que cierra intensos días de búsqueda
Tras permanecer prófugo, Salinas fue ubicado y detenido este jueves por personal policial, pasando inmediatamente a control de detención. En la audiencia, la jueza María Asunción de la Barra ordenó su ingreso al CCP de Copiapó, cumpliendo así la orden judicial que nunca debió quedar sin ejecución.
La recaptura pone fin a un episodio que, sumado a otros casos recientes —incluyendo la liberación indebida de otro interno en Copiapó y un tercer hecho ocurrido en Temuco—, ha generado cuestionamientos sobre los protocolos de comunicación y verificación entre tribunales y Gendarmería.
Repercusiones y medidas adoptadas
A raíz de estos casos, el director nacional subrogante de Gendarmería, Rubén Pérez, informó que se instruyeron sumarios administrativos y se dispuso la suspensión de los funcionarios responsables en los penales de Copiapó y La Serena. Además, anunció la remoción del director regional de Coquimbo y la designación de un nuevo titular durante la próxima semana, mientras el coronel Pablo Molina se mantiene como subrogante.
Pérez señaló que, aunque cada caso tiene características distintas, en el de Copiapó y La Serena se trató de negligencias administrativas, consistentes en una revisión «desprolija» de las órdenes emitidas por los tribunales y la falta de cotejo de causas pendientes.