El Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta desestimó la reclamación presentada por tres vecinos contra la resolución que eximió al proyecto hospitalario de ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). El fallo sostiene que la acción fue presentada fuera de plazo y despeja el camino judicial para la continuidad de las obras.
Por Joaquín López Barraza
La controversia surgió a partir de la consulta de pertinencia realizada por el Ministerio de Obras Públicas, en la que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) concluyó en 2021 que la iniciativa no estaba obligada a someterse al SEIA. Tres vecinos de La Serena impugnaron esa decisión, alegando falta de información y subestimación de impactos como la gestión de material excavado, el tránsito de camiones y la afectación vial en el entorno del futuro hospital.
El tribunal especializado rechazó la reclamación señalando que la solicitud de invalidación fue presentada fuera del plazo de dos años establecido por la Ley 19.880. Según la sentencia, como los reclamantes no participaron del procedimiento administrativo, no correspondía notificarles personalmente, por lo que el cómputo del plazo debía iniciarse desde la publicación del expediente en la plataforma electrónica del SEA.
El ministro presidente del tribunal, Alamiro Alfaro, recalcó que la consulta de pertinencia «es un procedimiento acotado, cuyo propósito es únicamente verificar si un proyecto debe ingresar obligatoriamente al SEIA a partir de la información entregada por el titular».
Advirtió que, si en la ejecución se aparta de lo informado o se entregaron antecedentes que no reflejan la realidad, «ello podría constituir una elusión al sistema de evaluación ambiental, materia que corresponde fiscalizar a la Superintendencia del Medio Ambiente».
En prevención, la ministra Sandra Álvarez propuso además oficiar al MOP y a la Subsecretaría de Redes Asistenciales para verificar el cumplimiento de las condiciones de la concesión, en especial la ampliación aprobada durante la tramitación. El ministro Marcelo Hernández coincidió con el rechazo, aunque enfatizó la necesidad de exigir apego estricto a la normativa sectorial y destacó la importancia de garantizar participación ciudadana conforme al Acuerdo de Escazú.
El nuevo hospital proyecta una inversión de 258 millones de dólares, con nueve niveles —dos subterráneos, un zócalo y seis superiores—, capacidad de 668 camas y una ocupación máxima de 8.500 personas. El plazo de construcción se estima en cinco años, seguido de operación indefinida.
Con este fallo, el Tribunal Ambiental despeja la vía judicial para la continuidad del proyecto, aunque recordó que el estricto cumplimiento normativo y la fiscalización ambiental seguirán siendo determinantes en el desarrollo de la obra.