Un nuevo debate ha comenzado a instalarse en la discusión pública: la de un royalty portuario. Es decir, un impuesto a las navieras que exportan o importan productos. En concreto, son dos los proyectos de ley que se han presentado. Uno es del senador Juan Ignacio Latorre (FA), que propone una tasa de US$2 por tonelada y la idea de un fondo nacional para ciudades y regiones portuarias.
Por otro lado, está la iniciativa del diputado Luis Cuello, que apunta a US$1 por tonelada de carga transferida, con el objetivo de que los recursos que se perciban vayan, también, a comunas y regiones portuarias.
Las propuesta tomaron notoriedad, en todo caso, a partir del apoyo que mostró la candidata del oficialismo y la DC, Jeannette Jara. Es que la exministra del Trabajo sostuvo la semana pasada que estaba dispuesta a empujar iniciativas como esa. «La experiencia, además, del royalty minero ha dado buenos resultados y esperamos que en el royalty portuario se pueda avanzar», comentó en específico el viernes, tras reunirse con trabajadores portuarios durante su visita a San Antonio.
La iniciativa preocupa al comercio marítimo, que no ve con buenos ojos el que se creen las tasas impositivas. La Asociación Nacional de Agentes de Nave AG (Asonave), por ejemplo, señaló que el royalty «encarece toda la cadena logística». Y que llevaría a «hacer menos competitiva la actividad portuaria frente a los puertos de la región». A inicios de agosto, cuando se conoció la iniciativa del diputado Cuello, Daniel Fernández, presidente de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile (Camport), también advirtió que esta medida generaría impactos negativos para la economía y las regiones portuarias. «Un nuevo impuesto para la carga transferida sería un golpe directo a las exportaciones y al desarrollo económico», indicó. Recordó que ya existe la tarifa por uso de puerto (TUP) que durante más de 20 años han pagado las navieras. En ese lapso, agregó, los puertos estatales han recaudado unos US$800 millones, sin que -dijo- exista transparencia sobre cómo se calcula esa tarifa ni del destino de los fondos.
«Antes de imponer nuevos impuestos, lo más apropiado sería hacer una revisión profunda y transparentar los fondos que se recaudan por la TUP vigente y su destino», dijo, agregando que bajo el sistema de concesiones los puertos estatales cobran un canon de arrendamiento a los concesionarios por el uso de las instalaciones. «En muchas ciudades los puertos son la principal actividad económica y debemos fortalecerla, no debilitarla. De aprobarse esta moción, este nuevo impuesto al comercio exterior de Chile impactaría directamente a las empresas exportadoras y al empleo local», subrayó Fernández. Entre algunos expertos, en tanto, el debate no se cierra en una sola postura. Es que mientras algunos consideran que sería más bien un error, otros piensan que con un diseño «quirúrgico» podría ser un acierto.