Aunque de manera más silente para la opinión pública, el proyecto minero-portuario Dominga sigue escribiendo páginas de su historia.
El Tribunal Constitucional (TC) recientemente denegó a Dominga, representada por Andes Iron SPA, como a otros actores, la solicitud de hacerse parte de la contienda de competencia que trabó el Servicio de Evaluación Ambiental con el Primer Tribunal Ambiental, radicado en Antofagasta, y que según el Gobierno se excedió en sus facultades. Con esta resolución se impide que en las audiencias públicas participe la empresa. Para los organismos ambientales, esta resolución constituye una derrota parcial en el TC.
En el curso de ayer, en tanto, se conoció también que la Corte Suprema dejó en acuerdo la admisibilidad de las casaciones que se habían presentado contra la sentencia del Primer Tribunal Ambiental del 2024 por parte del Comité de Ministros. El máximo tribunal del país dejó como ministro redactor a Jean Pierre Matus.
El lunes, después de conocerse esta resolución y en representación de la directora del SEA, Valentina Durán, la jefa jurídica del organismo, Tagrid Safatle, presentó una recusación contra Matus, por «tener una declarada inhabilidad» con Marcelo Castillo Sánchez, quien fue abogado patrocinante del Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales de Totoralillo en el proceso de reclamación judicial ante el Primer Tribunal Ambiental. Este recurso está pendiente de resolución.
El diputado Daniel Manouchehri (PS) dijo sobre esto: «Escandaloso. Primero, el ministro Jean Pierre Matus incluyó al abogado Marcelo Castillo en su lista de inhabilidades, por su amistad.
Luego, Castillo ha representado históricamente los intereses de grupos a favor de Dominga… caso que llega a la sala de Matus. ¿Se inhabilitó? No. Y no solo eso: quedó a cargo de redactar el fallo!!».
Semanas antes de estas resoluciones, la compañía había movido también sus piezas. Andes Iron inició una ofensiva tanto comunicacional como administrativa, enviando una carta firmada del gerente general de la firma, Pedro Ducci –yerno del empresario Carlos Alberto Délano–, de manera simultánea a siete seremías de la Región de Coquimbo, diecisiete servicios públicos y la Municipalidad de La Higuera. El objetivo: iniciar la tramitación de los más de 700 permisos sectoriales necesarios para comenzar la construcción del proyecto, estimada en más de US$ 2.500 millones.
Juego Limpio accedió a esta carta, en la que Ducci busca blindar la imagen del proyecto apelando al lenguaje de la sostenibilidad. Destaca que la empresa forma parte del Pacto Global de la ONU y que sus operaciones se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El mensaje es claro: Dominga se adapta a los nuevos tiempos, con un enfoque ambiental y comunitario.
