Tras los cuestionamientos surgidos en el Concejo Comunal de La Serena, Nilo Lucero aseguró que los nuevos profesionales han permitido detectar irregularidades históricas, presentar querellas y reconstruir la contabilidad de la entidad, reduciendo además la dotación total de personal.
Por: Valentina Echeverría O.
La polémica por las 42 contrataciones realizadas desde diciembre en la Corporación Municipal Gabriel González Videla sumó un nuevo capítulo. Frente a la descubierta información donde la concejala Rayen Pojomovsky advirtió sobre un incremento de personal pese a la sobredotación, el secretario general Nilo Lucero salió al paso, defendiendo la medida como parte de un plan de saneamiento y control interno.
Lucero recalcó que la decisión no responde a un gasto injustificado, sino a la necesidad de intervenir áreas críticas que permanecían abandonadas. «Las personas contratadas ingresaron para intervenir áreas que habían sido abandonadas durante largo tiempo».
«Se trata de auditores, abogados, analistas de control de gestión, profesionales en transparencia, administrativos financieros y personal técnico en salud y cementerios», explicó.
El secretario general subrayó que la incorporación de estos equipos permitió detectar irregularidades históricas y presentar siete querellas criminales por delitos como falsificación, fraude al fisco, estafa y negociación incompatible. «Si ese refuerzo no hubiese existido, nada de esto habría salido a la luz».
El secretario general también reveló que la corporación carecía de una contabilidad confiable, lo que obligó a reconstruirla desde cero. «Ha sido un verdadero trabajo de ‘arqueología contable’, dado que no existía contabilidad ajustada a normas vigentes como NIC e IFRS», sostuvo, precisando que actualmente se desarrolla una auditoría forense próxima a concluir.
En cuanto a la dotación de personal, el secretario general aseguró que lejos de aumentar, entre diciembre de 2024 y agosto de 2025 la planta se redujo en 42 funcionarios, pasando de 218 a 176.
«Las remuneraciones se mantienen dentro de los mismos parámetros legales de siempre, con la diferencia de que hoy existen mayores exigencias de responsabilidad y control».
