La iniciativa que traspasa la institución al Ministerio de Seguridad Pública fue aprobada en comisión y busca poner fin a las asociaciones gremiales al considerarla una fuerza jerarquizada y no deliberante. En la Región de Coquimbo, funcionarios advierten déficit crítico de personal, sobrecarga laboral y riesgos para la operación del sistema penitenciario.
Por Joaquín López Barraza
La reforma constitucional a Gendarmería dio esta semana un paso clave en el Congreso, luego de que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara la idea de legislar el proyecto que integra a la institución al sistema de seguridad pública, bajo la dependencia del nuevo Ministerio de Seguridad.
La iniciativa —impulsada por el Ejecutivo tras una serie de casos de corrupción detectados en recintos penitenciarios del país— contempla, además, separar las funciones de custodia y seguridad de las labores de reinserción social. Estas últimas quedarían radicadas en un nuevo organismo especializado, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es el fin de las asociaciones gremiales al interior de Gendarmería. Al respecto, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, sostuvo que el cambio es una consecuencia lógica del nuevo estatus institucional.
«Son instituciones jerarquizadas, armadas y no deliberantes, y que por lo mismo tengan gremios en su interior es contraproducente con la propia definición de la institución», afirmó el secretario de Estado, agregando que se trata de «decisiones difíciles, pero necesarias para el país».
Tras la aprobación en comisión, se abrió un plazo para el ingreso de indicaciones hasta el lunes 12 de enero, mientras que la discusión en particular comenzará el martes 13. De ser aprobado, el proyecto pasará al Senado para su segundo trámite constitucional.
Termómetro local: preocupación por dotación y operación en Coquimbo
En la Región de Coquimbo, el avance de la reforma genera inquietud entre los funcionarios penitenciarios, especialmente por el impacto que podría tener en un sistema que —advierten— ya opera al límite de sus capacidades.
Raúl Muñoz, vicepresidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP), señala que el debate se ha centrado en la estructura institucional, pero ha dejado en segundo plano las condiciones reales en las que se desempeña Gendarmería en regiones.
«Hoy trabajamos con una sobrepoblación evidente. Hay módulos con más de 500 internos atendidos por tres o cuatro funcionarios de trato directo. Eso no es sostenible ni desde el punto de vista de la seguridad ni de la reinserción», sostiene.
Muñoz advierte que, en paralelo al debate legislativo, se está produciendo un retiro anticipado de funcionarios con más de 20 años de servicio, lo que podría agravar aún más el déficit de personal. «Solo en los últimos días, más de 600 funcionarios a nivel nacional han iniciado trámites de retiro. Eso puede llevar al colapso del sistema si no se aborda con responsabilidad», afirma.
Respecto a la eliminación de los gremios, el dirigente rechaza que estos sean un obstáculo para el control interno o la probidad. «Nosotros no defendemos conductas irregulares. El funcionario que se desvía debe responder. Pero eliminar los gremios no va a erradicar la corrupción; lo que hace es silenciar problemas estructurales que llevan años sin resolverse», señala.
A nivel regional, el escenario es especialmente sensible. Según Muñoz, Coquimbo no cuenta hoy con dotación suficiente para asumir una expansión del sistema penitenciario sin un aumento significativo de recursos humanos, infraestructura y equipamiento. «Hablar de más cárceles o de mayor control sin resolver primero la falta de personal y las condiciones laborales es una discusión incompleta», enfatiza.
Mientras el proyecto continúa su tramitación en el Congreso, el debate queda abierto entre la necesidad de reforzar el control y la seguridad del sistema penitenciario y las advertencias que surgen desde las regiones, donde la aplicación práctica de la reforma enfrenta realidades muy distintas a las que se discuten en el nivel central.