Por Joaquín López Barraza
El ingreso al Congreso del proyecto que crea el Registro Único de Incivilidades y Actos Vandálicos abrió inmediatamente una disputa política sobre el alcance y la proporcionalidad de las sanciones propuestas por el Ejecutivo. La iniciativa contempla restricciones que van desde la pérdida de determinados beneficios estatales hasta la imposibilidad de renovar el pasaporte o la licencia de conducir, inscribir propiedades y asistir a espectáculos masivos.
En la Región de Coquimbo, las primeras reacciones muestran tres miradas distintas sobre una misma pregunta: si las consecuencias planteadas por el Gobierno representan una señal necesaria frente a los actos vandálicos o terminan constituyendo un castigo excesivo.
El diputado Marco Antonio Sulantay respaldó la iniciativa y aseguró que incluso estaría dispuesto a apoyar medidas más severas.
«La delincuencia, la violencia callejera y los actos vandálicos están matando el espíritu de Chile. Es por eso que estoy absolutamente de acuerdo con dar la señal de que destruir nuestro país no puede salir gratis a nadie. Incluso, si es que en un momento determinado las medidas deben ser aún más estrictas, ahí estará mi apoyo. Debemos recuperar la tranquilidad y la paz social de nuestra nación y para ello debemos promover acciones concretas, por muy duras que estas parezcan».
Una postura distinta expresó la diputada Carolina Tello, quien advirtió que la discusión no puede limitarse únicamente al endurecimiento de las sanciones.
«La seguridad requiere firmeza, pero también proporcionalidad. Si el objetivo es combatir el vandalismo, las penas deben estar orientadas a reparar el daño, a prevenir la reincidencia y a la reinserción efectiva en la sociedad, y no sólo un eslogan».
La parlamentaria agregó que privar a las personas de herramientas esenciales para salir adelante «no puede ser la solución», ya que quitar el acceso a beneficios vinculados a la educación, la vivienda o el apoyo social «puede profundizar la exclusión en lugar de resolver el problema».
Más crítico fue el diputado Bernardo Salinas, quien cuestionó tanto el enfoque como la estructura de la propuesta.
«Claramente el Gobierno debería haberle cambiado el título y haberle puesto ‘lista negra’, porque lo que pretende justamente es criminalizar la protesta social».
El parlamentario sostuvo además que el proyecto mezcla faltas y delitos de distinta naturaleza y advirtió que podría terminar sancionando dos veces a una misma persona.
«Aquí lo más grave es que este proyecto castiga dos veces a quien ha cometido una falta: una vez juzgado por los tribunales y además quitándole derechos sociales. Pretende aislar, segregar y marginar».
La discusión recién comienza en el Congreso, pero las primeras reacciones ya muestran que el debate no estará centrado únicamente en si los actos vandálicos deben ser sancionados, sino también en si las consecuencias propuestas por el Ejecutivo son proporcionales o terminan constituyendo un castigo excesivo
