La preocupación por el recurso hídrico ha sido una constante para la senadora Adriana Muñoz. Tiene autoridad para opinar. Por eso su frase debiera llevarnos a reflexionar.
Comunas del Choapa lo pasan mal por la falta del agua, y si bien la sequía y la escasez hídrica han tenido la culpa, argumentó la presidenta del Senado que «no es posible que en el marco de una sequía tan severa como la que estamos viviendo, estén intervenidos los ríos ilegalmente…».
La visita hace unos días del subsecretario de Obras Públicas (Cristóbal Leturia) a la provincia de Chopa, en el contexto de la escasez hídrica, fue tomada por el propio Gobierno como un paso adelante en la solución para aquellas comunas que hoy, y como hace rato, lo pasan mal.
También presente estuvo la senadora Muñoz, quien agradeció el acercamiento del Ejecutivo para tratar el complejo escenario que atraviesa el Choapa. Sin embargo, lamentó no haber ido directamente «a conversar con las comunidades, puesto que es ahí donde se generan las situaciones de conflicto y la confianza que existe en la empresa privada, en la institucionalidad pública…».
Para la presidenta del Senado «faltaron cosas por hacer», aunque si fue importante la visita del subsecretario, para que mostrara la importancia «que le está dando el Gobierno al tema de la escasez del agua en la provincia de Choapa. Pero faltó un recorrido por las comunidades», insistió.
Agrega que faltó recorrer desde Punta Mira hasta las Tungas, y ver de qué manera está la ruralidad de Illapel sufriendo el impacto de la sequía. «De igual manera faltó, quizás para que pudiésemos avanzar en un cuadro de conocimiento más riguroso, el resultado de la fiscalización que se hizo en el acuífero del medio, donde está radicado el conflicto de Peralillo con la empresa Aguas del Valle».
Pedir una fiscalización
Sí, muchas cosas aún faltan para poder solucionar el conflicto que tiene Salamanca e Illapel, donde su alcalde Denis Cortés en varias ocasiones ha señalado que «en nuestra comuna estamos en una situación grave y se tienen que tomar decisiones, ya que no nos pueden llevar al sacrificio mientras otros siguen sacando agua normalmente».
La senadora PPD argumentó que se debe saber lo que sucede en ese sector con las plantaciones, «lo que sucede con el uso del agua del acuífero y una fiscalización rigurosa de los pozos, las piscinas que se instalan y que desvían el río, pues hay robo de agua, excesos de pozos, de los cuales muchos son ilegales. Entonces eso pedimos como primer elemento, una fiscalización rigurosa».
Por ese motivo se envió hace tres meses por parte de Oscar Cristi, director nacional de la DGA, una delegación de fiscalizadores desde Santiago para hacer este trabajo en terreno, «y ahora una de las exigencias que hemos hecho es conocer el resultado de esa fiscalización».
En la reunión, en la que estuvieron otros parlamentarios, la senadora perseveró en que se debió haber pedido un registro de la situación de los APR (Aguas Potables Rurales), de las fuentes de agua, «y haber hecho una priorización para intervenirlos y tener los compromisos de inversión y recursos en este mejoramiento. Todo eso no lo logramos en esta gira, pero sí quedó comprometido el subsecretario, y a fines de febrero haremos un recorrido en el territorio donde vamos a conversar con los afectados».
¿Sequía o saqueo?
La semana pasada, días después de la visita del subsecretario del MOP, agrupaciones sociales de las tres provincias se manifestaron respecto a la enorme desigualdad que existe para el acceso al agua, denunciando que grandes productores concentran casi la totalidad de los derechos de uso. «Hay bastante sobreexplotación del recurso, por eso hablo de una irracionalidad, porque está muy bien la inversión, pues el agua se entrega para plantaciones, actividades mineras, de generaciones eléctricas, pero sin considerar que esa cantidad que se está otorgando para actividades productivas, va en desmedro o no del consumo humano», precisó.
En la medida que se tenga ese marco normativo, en que el agua es un recurso -y está bien que lo sea- y no un derecho humano, manifestó que «mientras crecen las plantaciones en todos los cerros, los APR no tienen agua, los cauces de los ríos se intervienen y dejan a los pequeños productores sin poder regar sus predios, por lo tanto los que mandan hoy en los ríos, incluso en los acuíferos, son los que tienen una mayor cantidad de derechos de agua».
De una u otra manera, la senadora quiso darle forma al dicho «no es sequía, es saqueo», y sostuvo que «no es posible que en el marco de una sequía tan severa como las que estamos viviendo, se estén intervenidos los ríos ilegalmente, pues no creo que esa obra que vimos, con pequeñas compuertas con tuberías, estén autorizadas por la dirección general de aguas, y es lo que estamos investigando. Cuando hay indignación la entiendo, porque mientras no hay agua para la bebida humana, mientras toda la gente está bebiendo de los camiones aljibes, vemos que siguen creciendo las plantaciones».
