Desde el 8 de abril, partiendo en Santiago y luego en regiones, los profesionales del SML se encuentran en una movilización de carácter indefinida.
Desde el 8 de abril que el Servicio Médico Legal (SML) se encuentra con movilizaciones que afectan a todas las regiones, incluyendo Coquimbo y sus tres oficinas.
Jael Vega, presidenta regional de la Asociación Nacional de Funcionarios del SML, comentó que todo inició en Santiago y con los días se fueron sumando las regiones, «debido a un montón de situaciones que nos afectan, y todo a partir de la llegada de la nueva directora nacional (Marisol Prado), quien ha mostrado descuido con los trabajadores, que finalmente somos los operativos del servicio».
En la región son cerca de 30 funcionarios, que estos días han trabajado con turnos éticos en las oficinas de La Serena, Ovalle e Illapel, y todos los días, cuenta, se han reunido a nivel nacional para tratar de llegar a una solución, así que ahora están esperando reunirse con el subsecretario de Justicia, «ya que no tenemos comunicación con la directora».
Entre otras cosas, lamentan la mala comunicación con la directora nacional, pero también cambios que en nada han beneficiado el servicio, «pues está queriendo ahorrar extremadamente en horas extras, no quiere tener reemplazo para los funcionarios que hacen levantamiento y se están ahorrando en seguridad, ya que todas las provincias quedaron sin guardias».
Reconoce que desde el nivel central han intentado por todas partes mostrar que no están movilizados, «cuando sí lo estamos, solo que no hemos querido suspender del todo la operatividad de nuestro servicio, porque no podemos parar. Pero evidentemente cada vez nos obliga más a acercarnos a ese movimiento cuando de verdad no queremos hacerlo, porque quienes salen perjudicados son nuestros usuarios».
Y si bien reconoce que en La Serena aún mantienen la empresa de guardia, lo mismo que en Ovalle, sí admite que pondrán cámaras y no pasará de este año, «pero en todas las provincias en el país suspendió el servicio y lo que propone es poner cámaras de seguridad».
Hay molestia, porque se está contratando a asesores en Santiago, «cuando en realidad cuánta necesidad tenemos en regiones, con problemas de cámaras, de seguridad y con los usuarios que están cada vez más violentos».
Explica que se bajó la cantidad de atención justamente para generar una presión, «pero los casos se han enviado a otras regiones, entonces no ha reconocido que tenemos esta dificultad. Hay muchos funcionarios preocupados, sobrecargados, pues se han entregado recursos en otras instituciones y nosotros seguimos trabajando con las mismas personas y con todas las dificultades que tenemos a nivel país. Tampoco nos repone la gente que se ha jubilado, hay personas que han renunciado y no hay reemplazo en los cargos. Por ejemplo, se fue un técnico grado 15 y casi un año después repusieron uno con grado 17, por lo que hemos perdido hasta los cargos que le corresponden a la región».