Luis Retamal, representante de Alta Cruz SpA, afirma que el operador cultural adeuda 16 meses de arriendo, por cerca de 100 millones de pesos. El contrato fue judicializado y hoy no existe comunicación entre las partes. «Nos dimos cuenta de que no quería pagar y buscaba sacarnos del medio», afirma. También descarta que el teatro esté en riesgo: «El uso cultural se mantiene, pero con otro operador».
La reapertura del Teatro Centenario de La Serena en 2022 prometía marcar un hito en la revitalización cultural del centro histórico. Con una cartelera ambiciosa y un proyecto encabezado por Sebastián Bravo —productor vinculado, en ese entonces, al Teatro Cariola y Metrónomo en Santiago—, el recinto se convirtió durante meses en una vitrina de espectáculos de alto nivel. Pero tras bambalinas, las relaciones contractuales entre Bravo y los propietarios del inmueble se fueron deteriorando hasta colapsar por completo.
Hoy, el representante legal de Alta Cruz SpA —empresa que arrienda el teatro al Arzobispado de La Serena— entrega su versión. Asegura que el operador cultural mantiene una deuda de arriendo cercana a los 100 millones de pesos, que no paga desde hace 16 meses, y que además intentó negociar directamente con el Arzobispado para tomar control del espacio.
«Nosotros no estamos desalojando un proyecto cultural. Lo que estamos haciendo es exigir el cumplimiento de un contrato. Y ese contrato se quebró totalmente», dice Luis Retamal en entrevista con Diario La Región.
De la oportunidad al impago: el inicio de una disputa millonaria
Según relata Retamal, Alta Cruz SpA arrendó en 2021 el inmueble al Arzobispado con el fin de habilitarlo para actividades culturales, tras años de abandono. En un inicio, se pensó en entregar la operación a la Municipalidad de La Serena, pero las conversaciones no prosperaron.
«Mientras la municipalidad se tomaba su tiempo, nosotros seguíamos pagando mensualmente al Arzobispado. No podíamos esperar eternamente», señala. Fue entonces cuando apareció Sebastián Bravo, cuya propuesta fue presentada a través de una corredora de propiedades.
«Confiamos en su proyecto. Le dimos exactamente las mismas condiciones que habríamos dado al municipio: un contrato extenso y, además, un año de gracia sin pago de renta para facilitar la inversión inicial. Pero apenas terminó ese año, comenzó el problema», asegura.
El contrato de subarriendo —al que este medio tuvo acceso— fue firmado el 17 de junio de 2022 y consigna formalmente el vínculo entre Bravo y Alta Cruz SpA. Según Retamal, luego del año de gracia solo se pagaron cinco meses con descuentos del 50%, y desde entonces no se abonó más. «Le facilitamos todo, incluso la recepción municipal para que pudiera operar legalmente. Y aun así dejó de pagar», sostiene.
Una relación quebrada y sin vuelta atrás
El conflicto escaló cuando Bravo habría intentado negociar directamente con el Arzobispado, dueño del inmueble, con el objetivo de desahuciar el contrato con Alta Cruz.
«Cuando uno tiene dificultades financieras y da la cara, se puede conversar. Pero cuando no pagas y además haces gestiones por fuera para bajar el contrato del arrendador, te das cuenta de que no hay intención de cumplir. Ahí se rompe todo», comenta Retamal.
El 8 de octubre de 2024, el empresario levantó un acta notarial donde deja constancia del historial de conversaciones con Bravo a través de WhatsApp. El documento, certificado por el notario Juan Carlos Maturana de Coquimbo, incluye más de 50 páginas de mensajes intercambiados entre mayo de 2022 y abril de 2024. Allí se detallan coordinaciones técnicas, obras, gestiones con el Consejo de Monumentos Nacionales, el Arzobispado e incluso visitas con autoridades municipales. Si bien el tono es colaborativo, con el tiempo se vislumbra una relación crecientemente tensa.
El teatro no se cierra y Retamal descarta riesgos para su vocación cultural
Consultado por el futuro del recinto, Retamal asegura que la continuidad cultural del Centenario no está en riesgo, pese al conflicto judicial. «El contrato que tenemos con el Arzobispado establece que el uso del inmueble debe ser cultural. Eso no cambia. Lo que cambia es el operador», enfatiza.
Actualmente, el teatro se encuentra cerrado, y el litigio sigue su curso en tribunales. Alta Cruz inició una demanda de término de contrato y cobro de rentas adeudadas, donde exige la restitución del inmueble y el pago de lo adeudado. La empresa también ha informado de la situación al Arzobispado, que ha mantenido su contrato con Alta Cruz vigente.
Retamal sostiene que están evaluando propuestas de otros operadores con experiencia comprobada en gestión cultural. «Tenemos una lista de personas interesadas que sí tienen capacidad financiera y una trayectoria transparente. No queremos improvisar ni politizar esto», dice.
«Nosotros no cerramos el teatro, él lo cerró»
En sus declaraciones públicas, Bravo ha responsabilizado a Alta Cruz del deterioro del proyecto cultural, acusando demoras en la tramitación de la recepción municipal, fallas en la infraestructura y una supuesta intención de «echar abajo» el teatro.
Frente a eso, Retamal responde que todas las gestiones se realizaron con anticipación y que las acusaciones son infundadas: «¿Cómo va a decir que quisimos perjudicarlo si fue él quien dejó de pagar y nosotros quienes le obtuvimos la recepción para que pudiera operar?», afirma.
