Los fallos de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema, los cuales dejaron en libertad condicional a ocho militares (r) condenados en Punta Peuco por casos de derechos humanos, siguen generaron diferentes reacciones. Algunos vinieron desde la arena política, con anuncios de acusaciones constitucionales contra los jueces, pero otra desde los propios familiares de las víctimas de esos delitos, quienes ayer por la mañana se manifestaron en el frontis de los tribunales de justicia de La Serena.
«Rechazamos categóricamente las violaciones sistemáticas que han ocurrido acá y también un rechazo enorme a la petición de los ministros de la Corte Suprema de liberar a los violadores de derechos humanos, puesto que vemos que esto es el inicio de la impunidad», apuntó Ana Merino, presidenta regional de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Los favorecidos con el fallo son en su mayoría oficiales en retiro de las Fuerzas Armadas que estaban cumpliendo sentencias por graves violaciones de los derechos huma nos ocurridas durante los casi 17 años de dictadura.
Los beneficiados son Gamaliel Soto Segura, Manuel Pérez Santillán, José Quintanilla Fernández, Hernán Portillo Aranda y Felipe González Astorga, condenados por torturas, secuestros y homicidios en diversos juicios por crímenes de lesa humanidad.
Además, la Corte Suprema ordenó la excarcelación de Emilio de la Mahotiere, condenado como cómplice y encubridor en uno de los casos de la Caravana de la Muerte, y de Moisés Retamal Bustos, condenado a seis años de cárcel por el secuestro calificado (desaparición) de tres ciudadanos uruguayos en 1973.
«Todo esto nos duele profundamente, porque son condenas irrisorias, muy bajas y en la que ellos no han tenido ninguna gota de arrepentimiento, no han colaborado con la justicia y tampoco nos han dicho el destino final de nuestros familiares. Estos delitos son crímenes de lesa humanidad y no prescriben, por lo tanto tienen que cumplir penas efectivas, cosa que lamentablemente no están haciendo», agregó.
Un centenar de personas y familiares se reunieron para manifestarse y hacer sentir su molestia. Por minutos también detuvieron el tránsito, aunque todo con la venia de Carabineros.
«Hoy fue en La Serena y mañana será en otras ciudades, como ya se está haciendo. Es que todo esto nos violenta, dado que llevamos 45 años exigiendo justicia y verdad. Es una burla, y muy dolorosa para las familias, ya que la Corte Suprema, con esta libertad a los violadores, sólo demuestra que está del lado de los asesinos, que están incitando a que estos crímenes vuelvan a ocurrir, pues no existe un castigo moral ni jurídico dentro de nuestro país para los violadores de los derechos humanos. Y eso, la verdad, nos preocupa mucho y por eso no queremos que se repita nunca más. Ellos no han informado de cuanta gente lanzaron viva al mar. Sabemos que los enterraron en lugares clandestinos, como el patio 29, así que es una cosa aberrante lo que está pasando en estos momentos y nos duele porque la herida está abierta».
El caso «Caravana de la Muerte» entró en la recta final. Ya finalizó la etapa probatoria, que es la antesala a la sentencia que deberá dictar el ministro en visita Mario Carroza, quien debe definir si condena o no al ex comandante en jefe de Ejército Juan Emilio Cheyre y otros ex militares.
Cheyre es acusado como cómplice del homicidio calificado de 15 presos políticos en el »Episodio La Serena» de la Caravana, hechos ocurridos en octubre de 1973 en el Regimiento Arica, cuando Cheyre tenía el grado de teniente. En este sentido, Merino aclaró que «pronto se verá lo de Cheyre y nosotros esperamos que marque un buen precedente, porque existen pruebas suficientes para que sea condenado. Ya fue procesado, pero ahora debe ser condenado, porque no podemos permitir que la justicia esté del lado de los violadores de los derechos humanos como ocurrió con la libertad de estos ocho militares. Ellos (jueces) deben hacer su trabajo, que es investigar y cuando hay delitos cometidos, tienen que sancionarse y no quedar impunes. Por lo tanto, es un rechazo a todo lo que estamos pasando, puesto que como familiares hemos llevado esta carga durante 45 años y ha sido un dolor fuerte, una herida que no cicatrizará mientras no exista verdad y justicia. Los militares sólo han tenido la cobardía de mentir y mantener el pacto de silencio, lo que nos duele profundamente».
La dirigenta señaló, además, que por ningún motivo aceptarán la decisión del máximo tribunal, que seguirán luchando «para terminar con esta aberración», y que la manifestación realizada el día de ayer constituye «la primera de tanta manifestaciones que vamos a realizar para que se termine la injusticia en nuestros país y que de una vez por todas tengamos verdad y justicia».
