Férrea defensa de pueblos del valle unidos contra instalación de torres de alta tensión

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9El miércoles pasado y luego de cerca de un año de trabajo, la comisión investigadora del proyecto eléctrico Cardones Polpaico, que construye una carretera eléctrica que cruza con torres de alta tensión, cuatro regiones del país emitió su informe final el que fue aprobado por la unanimidad de 102 parlamentarios. Ayer, los integrantes del Comité de Defensa de los Pueblos de Elqui (CODEPUE) y los diputados Sergio Gahona y Miguel Ángel Alvarado, entregaron su opinión sobre este informe y detallaron los próximos pasos legales.

En el informe se indica en su parte central que «la comisión ha confirmado que antes y durante el proceso de evaluación ambiental del proyecto Cardones Polpaico han sido vulnerados (por distintos actores públicos y privados involucrados) una serie de normas e instrumentos de gestión ambiental, como a su vez principios que sustentan el ordenamiento ambiental chileno. De este modo aparece de manifiesto que el Sistema de Evaluación de Impacto ambiental, vigente a la fecha, adolece de un conjunto de fallas o debilidades que permiten que megaproyectos, como el de Cardones Polpaico, no sean evaluados con la rigurosidad que ameritan, a efectos de canalizar los eventuales impactos, consecuencias y externalidades negativas, que su futura ejecución y funcionamiento implicarán».

El presidente del Codepue, Ramón Gálvez, indicó el informe emitido por la Cámara de Diputado es un paso importante. «Nosotros somos serenense y representamos a los vecinos Algarrobito, Altovalsol, Loreto, Santa Elisa, El Romero, conocemos los pueblos rurales y el patrimonio que hay…nos inspira una ciudad que se defiende ante el poder central que de forma arbitraria pretende que un proyecto privado pretenda pasar a sólo 10 minutos de La Serena, sobre  los pueblos rurales, sus habitantes y las personas que viven y trabajan allí.

Gálvez, recordó que la Clínica Jurídica Ambiental  de la Universidad Diego Portales, presentó el nueve de agosto del año pasado una demanda «contra el Servicio de Evaluación Ambiental y en contra de todas estas resoluciones mal realizada que desembocaron en una Resolución de Calificación Ambiental que aprueba este proyecto, pero que no lo hace de manera ciudadana. No tiene validez ciudadana. Esta demanda está en el Segundo Juzgado Ambiental y busca que nos respeten. Lo que se busca es acusar el hecho que el SEA no actuó de manera independiente y que recibió presiones del gobierno del turno y del poder central para aprobar a rajatabla algo que ya está claro que tenía falencias. Para dar a conocer todo esto, nosotros no descartamos volver a la calle…sino no escuchan en forma tan civilizada hay que salir…aunque nosotros nos manifestamos de manera ordenada…el año pasado tuvimos dos manifestaciones en la ruta 41 y lo vamos a tener que volver a hacer…eso es lo que viene ahora».

Alejandra Olivares, vicepresidenta del Codepue, indicó que «lamentablemente desde el poder ejecutivo no hemos recibido respuesta a nuestras cartas ni el apoyo que nosotros esperaríamos. Ahora esperamos la respuesta del poder judicial….uno entiende que todos estos poderes están para apoyar y defender a la ciudadanía y en la práctica uno se va encontrando que se chocan y que hay intereses, y uno al final va enfrentando al poder que tiene que defenderlo. Estamos felices por el documento de la Cámara de Diputados».

 

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