«He sido testigo del silencio absoluto del Gobierno Regional»

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Esto en relación a las graves violaciones a los Derechos Humanos que se siguen cometiendo en la región y donde, afirma, «no hemos escuchado que se involucren en establecer responsabilidades ante las atrocidades que han
ocurrido en nuestra región».

No ha querido estar ajena a los hechos que han ocurrido en la región desde que el 18 de octubre comenzara el estallido social. Desde el Senado, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la senadora Adriana Muñoz (PPD) ha expresado su preocupación por la «insensibilidad e intervención política de nuestro Gobierno Regional ante los hechos dramáticos que se han vivido en la región».

Y principalmente por la actuación de Carabineros y las autoridades, donde «lamentablemente hemos detectado una especial virulencia de la actuación de Carabineros y eso, de verdad, nos alarma muchísimo, porque en nuestra región escuchamos y fuimos constatando de situaciones muy graves, como vejaciones, humillaciones y torturas a niños, niñas y mujeres, también a hombres, así que lamento mucho que en nuestra región hayan sucedido estas situaciones y, por lo mismo, he presentado en la Comisión de Derechos Humanos del Senado la solicitud de poder tener testigos para que puedan entregar su testimonio en esta comisión».

También se refirió al caso de Romario Veloz, que aún está en el aire y sin culpables.
«Su deceso no ocurrió en una situación de vandalismo, como se entregó como reporte desde el Gobierno Regional, sino que falleció en una marcha pacífica, y hay testigos que iban marchando junto a él, así que acá ha habido una serie de situaciones muy dramáticas que es importante elevar al conocimiento no sólo de los informes, sino que también se lleven a responsabilidades políticas».

Respecto a cómo evalúa el accionar de las autoridades regionales, manifestó que «he sido testigo del silencio absoluto del Gobierno Regional, puesto que no hemos escuchado que se involucren en establecer responsabilidades ante las atrocidades que han ocurrido en nuestra región, por lo tanto, claro que ha existido un silencio y no ha habido un gesto de humanidad ante las personas que han sido víctimas de atropellos a los Derechos Humanos, así que califico con un déficit inmenso, de insensibilidad y de intervención política a nuestro gobierno regional ante los hechos dramáticos que se han vivido en la región de Coquimbo».

¿Qué balance hace en estos dos meses de manifestaciones sociales?
«Desde el día uno de las manifestaciones sociales, y al ir constatando las violaciones que se han seguido dando para las personas que estaban en la protesta social, comenzamos a constatar por los informes del Colegio Médico que muy tempranamente comenzó a haber una epidemia de daños oculares, así que como comisión invitamos al Colegio Médico y al INDH para que nos fueran entregando información de lo que sucedía, por tanto todos los antecedentes los fuimos consignando, y nos hemos conmovido, porque hemos visto una cuasi impunidad con algunas personas, especialmente con algunos funcionarios de Carabineros, donde se han tomado casos particulares, pero no se ha ido al fondo de la situación. Y todo esto derivó en establecer al Gobierno en reiteradas ocasiones que pidiera la renuncia del general director de Carabineros (Mario Rozas) por la forma en que estaba actuando Carabineros en las calles. Pero eso no se escuchó y desembocó en que los diputados establecieran una acusación constitucional al exministro Andrés Chadwick, que resultó aprobada por las dos cámaras»

¿Pero cómo comisión se ha llegado a alguna conclusión?
«Claro, hemos concluido de que existen responsabilidades políticas, y por eso he planteado de manera seria y muy responsablemente que el Presidente Sebastián Piñera tiene que pedir perdón por las muertes, por el daño, por la mutilación, por la persecución a ciudadanos chilenos que se manifestaron haciendo ejercicio de sus derechos constitucionales».

Un balance bien crítico, senadora…
«Claro, ese es nuestro balance, además de una decepción por la actuación del Gobierno en relación a los informes emitidos por Human Rights Watch, por Amnistía Internacional y Naciones Unidas, en donde fueron relativizados por el Gobierno y no dan credibilidad a lo que se establece, y que puede llevarnos a un bochorno internacional…».

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