Así como Alicia Acuña, periodista, busca a su hermano desaparecido en 1977 desde el Hospital de La Serena, lo propio hacen María Tapia Madrid y Silvia Muñoz Cortés, cuyo dolor sigue intacto. Ambas perdieron a sus bebes con pocos meses de nacidas. Tapia en el Hospital de La Serena, en octubre de 1976, y Muñoz, en el recinto ovallino, en octubre de 1973. O el caso de Vilma Soto, que luego de diez de días de haber dado a luz a su hija en el Hospital San Pablo de Coquimbo, un 2 de mayo de 1979, una asistente social le dijo que su bebé había fallecido sin que viera su cuerpo. Nunca les entregaron el certificado de defunción.
Por eso, «lo que ocurrió hoy (ayer) para nosotros es un gran hito, porque un organismo, que es independiente, pero que forma parte del Estado, ha creído en las historias de nuestras asociadas, historias profundamente dolorosas, y que la mayoría las vivió en tiempos de dictadura», sostuvo Alicia Acuña, presidenta de la ONG «Madres e Hijos de Buscan» frente a la Corte de Apelaciones de La Serena, hasta donde llegaron junto al Instituto Nacional de Derechos Humanos para poner cinco querellas criminales por el delito de sustracción de menores.
«Nosotros aspiramos a una verdad, que exista justicia y que se identifique a los culpables. Quizás los casos ya están prescritos judicialmente, pero lo que nosotros queremos es encontrar a nuestros familiares y saber si ellos fueron adoptados o no ilegalmente, y por eso es que durante mucho tiempo hemos estado trabajando de manera incansable para que de una vez por todas se sepa dónde está el hijo de Raquel, el hijo de Marta y dónde está mi hermano, que se extravió desde el Hospital de La Serena en 1977», advierte Acuña.
Agrega que «en el caso de mi hermano ya presentamos una querella con una abogada privada el año pasado y también denuncias, pero lo que más nos aflige es que los hospitales han mostrado nula o escasa colaboración. Tuvimos una reunión con el Servicio de Salud y lamentablemente la respuesta de ellos fue más de lo mismo, que se les perdieron los papeles, que se quemaron en un incendio, sin embargo nosotros sabemos que ellos pueden entregarnos todavía más información».
Respecto a las responsabilidades, afirmó que «todas las querellas que hemos presentado son para quienes resulten responsables. En estas cinco querellas están especificados los hechos ocurridos en los hospitales de La Serena y de Ovalle. El Hospital de La Serena, por ejemplo, ha mostrado nula colaboración con nuestra causa, puesto que ellos fueron mandatados por el ministro Vicente Hormazábal -el encargado de reconstruir los hechos y contrastar los testimonios desde que la Corte Suprema lo designara ministro en visita para las causas extraordinarias de derechos humanos- en el caso de la querella por mi hermano, de entregar información, pero hasta el momento no han entregado nada, siendo que el ministro se las pidió hace más de seis meses, por lo que lamentablemente se sienten con tanto poder que están, incluso, saltándose un poder de Estado».
Información suficiente para que exista una investigación
Todos estos casos bien podrían estar unidos a las cientos de «adopciones irregulares» que investiga el también ministro en visita Mario Carroza y cuyo margen de acción circunscrito va desde 1973 hasta 1990.
En ese sentido, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, conforme a sus competencias establecidas en su mandato legal, y como un órgano promotor y protector de todas las personas, avisó que «hemos presentado cinco querellas criminales por el delito de sustracción de menores. Esto en el ámbito de la necesidad de que se investiguen situaciones referidas a la sustracción de menores de edad en el contexto de los recintos hospitalarios de la región, pero también a la importancia de investigar y de dilucidar qué fue lo que pasó con estos menores y saber si es que existen responsabilidades estatales al respecto», indicó la directora regional del Instituto, Tarcila Piña.
Si es que existen antecedentes suficientes de los hechos para que el Instituto se haga parte, apuntó la jefa regional que «nosotros recibimos de la organización ‘Madres e Hijos se Buscan’ alrededor de 17 relatos, situaciones, y que fueron levantados por el Instituto.
También se acompañaron pruebas documentales de quienes las tenían y estos antecedentes se enviaron a la unidad jurídica del nivel central del Instituto, en donde se elaboraron minutas exhaustivas respecto a la situación y a la viabilidad que teníamos de hacer un litigio estratégico en ese sentido. Posteriormente fue aprobado por el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, así que de esos 17 relatos logramos presentar cinco querellas que consideramos que tienen los antecedentes suficientes para que exista una investigación».
De esta manera, sostuvo que «la finalidad nuestra es saber si existen responsabilidades estatales en esto, principalmente por la sustracción de menores, un delito que está tipificado en el Artículo 142 del Código Penal, pero además por existir una privación permanente al derecho consagrado en el Artículo 8 de la Convención Internacional de Derechos del Niño, que dice relación con el derecho y el respeto que debe tener el Estado a la identidad de los niños, así que en ese sentido la identidad significa derecho a un nombre, derecho a una nacionalidad, sin ningún tipo de arbitrariedad ni disturbio ilícito».