Cuando las residencias sanitarias estaban a cargo del Servicio de Salud se cometieron «ciertas irregularidades», como pagar con sobreprecio, cancelar por habitaciones que no fueron ocupadas, falta de control…
Y quienes establecieron tales graves hechos fueron inspectores de Contraloría.
A juicio del organismo, se vulnera la ley N° 19.886, que establece que la administración del Estado deberá propender a la eficacia, eficiencia y ahorro en sus contrataciones.
De esto, el Servicio de Salud por ahora no tiene opinión. Solo se nos responde que emitirían una declaración que al cierre de esta edición no llegó, ni tampoco una explicación.
La Contraloría General de la República, con el objetivo de efectuar una auditoría a la habilitación de distintas residencias sanitarias, es que establece una serie de situaciones en donde evidencia irregularidades.
Entre marzo y junio del 2020, cuando se hizo la inspección, las residencias estaban a cargo del Servicio de Salud Coquimbo.
DONDE
Específicamente se trata de las Cabañas Chuchiñí, en Salamanca; el internado del Liceo Gregorio Cordovez, el hotel La Serena Plaza y el American, de Ovalle, además del hotel Boutique Suri, cabañas Anakena, en Tongoy, y cabañas Las Rosas, en Coquimbo.
Las residencias sanitarias son una de las estrategias de las autoridades de salud para poder hacer frente a la pandemia, en donde se ofrece alojamiento y cuidados médicos a personas que no podían hacer cuarentena en sus respectivos domicilios. Actualmente hay 7 residencias sanitarias, luego que hace unos días se habilitara una nueva, y el máximo a nivel regional fueron 12, pero ahora están bajo la administración de la Seremía de Salud.
Qué dicen los informes
Aunque se tratan básicamente de lo mismo, la Contraloría emitió tres informes respecto a las residencias sanitarias, en donde fiscalizaron que el Servicio de Salud haya cumplido con las funciones que la normativa atingente les asigna de manera coordinada y eficiente, velando por el cuidado y buen uso de los recursos públicos, y que hayan controlado que los desembolsos vinculados a las referidas habilitaciones se encuentren debidamente respaldados, y se hayan realizado de conformidad con lo establecido en las referidas contrataciones.
Respecto a la habilitación de los Hoteles Boutique Suri, Anakena y Cabañas Las Rosas, se determinó que la selección de los proveedores y las condiciones de las contrataciones en revisión, no se sustentó en criterios objetivos, como proyección, demanda, ubicación, análisis de oferta, precios, cantidad de residencias, entre otros, validados por la entidad contratante
Además, se verificó que las contrataciones no se ajustaron a las instrucciones impartidas por la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que instruía a los directores de Servicios de Salud, entre otras materias, que respecto a la contratación de residencias sanitarias los pagos que se realicen se efectuaran sólo por habitación efectivamente utilizada.
Las situaciones expuestas, implicaron que esa repartición pública, al 30 de junio de 2020, incurriera en un costo de $ 19.366.000, correspondiente a un 80,83% de capacidad ociosa, es decir, por camas y habitaciones no ocupadas.
Además, se detalla que se observó una falta de supervisión a los servicios contratados relacionados, a modo de ejemplo, con la ausencia de control en la derivación, ingreso y egreso de los pacientes de las residencias sanitarias, deficiencias y falta de control respecto a la ejecución y pagos por parte del servicio, lo que implicó, a modo de muestra, la materialización de un pago improcedente al Hotel Anakena por concepto de alimentación, por la suma de $ 6.314.021.
Internado Gregorio Cordovez
y las Cabañas Chuchiñí
La Contraloría detalla que el gobierno regional y la municipalidad de La Serena suscribieron un contrato de comodato, en que se estableció la entrega del internado del Liceo Gregorio Cordovez para su habilitación como residencia socio sanitaria.
Asimismo, la entidad de salud gestionó a través de la suscripción de un convenio a título gratuito, la utilización de las Cabañas Chuchiñí, ubicadas en la comuna de Salamanca, para ser destinada como residencia sanitaria y así efectuar el aislamiento de pacientes contagiados por esta enfermedad en dicha comuna, motivo por el cual, en esta oportunidad, el Servicio de Salud Coquimbo no incurrió en pagos ni efectuó contrataciones por los servicios de residencia sanitaria.
Pero, se dio cuenta de una falta de control administrativo por parte del Servicio Salud Coquimbo en la gestión de operaciones de los referidos establecimientos, toda vez que se detectaron deficiencias de control en la contratación de personal médico; carpetas incompletas de pacientes atendidos; falta de acreditación de causales de ingreso a las residencias; ausencia de firma en los documentos de traslado de pacientes por parte del médico derivador; información inconsistente en cuanto a la permanencia de los pacientes; falta de acreditación de egreso de pacientes, entre otras situaciones.
En cuanto a las contrataciones de honorarios del personal médico para las residencias sanitarias de las provincias de Elqui, Choapa y Limarí, se verificó pagos por días no trabajados.
También, se constató que la residencia sanitaria Cabañas Chuchiñí no cuenta con permiso de edificación, recepción definitiva de obras, ni patente comercial, situación que da cuenta de la falta de verificación por parte del Servicio de Salud.
Hotel Serena Plaza y American de Ovalle
Respecto a estos recintos, destaca que esta repartición pública incurrió en un costo de $ 167.861.400, correspondiente a un 56% de capacidad ociosa, es decir, por camas y habitaciones no ocupadas.
Se advirtió además la falta de documentación de respaldo en los comprobantes de pago de la residencia sanitaria Hotel La Serena Plaza y del Hotel American, por concepto de alimentación proporcionada al personal contratado por el SSC, médico, militar, salud y vigilancia, como asimismo la falta de antecedentes que permitan acreditar la individualización de las personas con enfermedades bases a las que se les proporcionó dicha alimentación y quienes autorizaron esa entrega, impidiendo acreditar un gasto superior a los 15 millones de pesos.
