Muerte de funcionario en Ovalle tiene a gendarmes «preocupados y consternados»

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Advierten falta de personal y alertan que hay 1 titular para 120 internos. A eso, hay que sumarle que «no tienen la atención adecuada, no tienen la dupla psicosocial y trabajan en turnos inhumanos», comenta Boris Ruiz, dirigente regional de la institución.

En gendarmería existe preocupación. Dicen que existe una alerta, una luz roja encendida que nadie quiere ver. Esto, a raíz de la muerte del gendarme segundo Francisco Aravena Silva, de 26 años, del Centro de Detención Preventiva de Ovalle, ocurrida este domingo.

El joven, encontrado sin vida en su hogar, venía de Molina, región del Maule. Pertenecía a la promoción del año 2015 y su caso, como cuenta Boris Ruiz, presidente regional de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería, es el cuarto a nivel nacional en los últimos treinta días.
«Todos son del sur y todos por la misma situación: Suicidio. Pero lo más complejo todavía es que todos llevaban poco tiempo en el servicio», asegura.

Señala Ruiz que «esto nos tiene muy preocupados, así que tuvimos una reunión (ayer) entre las asociaciones, la jefatura nacional y el complejo, donde analizamos la temática y todo enfoca a lo mismo, a la falta de personal, a muchos días sin descansar, al estrés propio del régimen interno de las cárceles y al desarraigo, ya que sus familias están en otras regiones, y los funcionarios, los más jóvenes, se sienten solos, desprotegidos. Pero la culpa también es del Gobierno, porque no nos dan los cupos para poder ingresar a la escuela de gendarmería un mayor número de funcionarios y así poder suplir las necesidades del personal».

Avisa el dirigente que «la situación nos tiene consternados, puesto que esto se pudo haber evitado si hubiésemos tenido alguna contención oportuna, la que estamos pidiendo hace mucho rato».

Y aunque los antecedentes que se manejan desde Ovalle señalan que este joven habría tenido malos tratos en la unidad y que tampoco se le brindó el apoyo oportuno que había pedido, Ruiz afirma que «se está haciendo una investigación para determinar en qué circunstancia ocurrió el deceso, lo que arrojaría un sumario interno para determinar de qué forma afectó y si es que fue así o no eso de los malos tratos, pero aun así, la falta de funcionarios, el desarraigo y el poco tiempo para descansar, tiene a todos muy complicados, especialmente a los más jóvenes».

Respecto a los cupos que se necesitan para realizar un trabajo óptimo, Boris comentó que «en el Gobierno de la Presidenta Bachelet se pagaron más de 50 millones de pesos para hacer el estudio de la carrera funcionaria y dentro de ello, un análisis para saber cuál es la real cantidad de personas que necesita la institución para estar trabajando en condiciones mínimas. Por ejemplo, según el estudio estimativo que hicieron las jefaturas de la región, faltaban cerca de 200 funcionarios para poder trabajar de manera óptima. No obstante, solo mandaron a 20 funcionarios que egresaron de la escuela y ahora hay que esperar a otro contingente que salga, que no creo que sean más de 300, debido a que no están los presupuestos para más, y recién ahí veremos la cantidad de funcionarios que nos designarán».

Recalca Ruiz que «en el mes de enero entraron 20 funcionarios (repartidos entre Ovalle, Illapel y La Serena), pero el año pasado se dieron de baja a once gendarmes y ahora nos sacan a seis, quienes deben ir a cubrir puestos a otras regiones, por órdenes de la dirección nacional, así que en vez de ir mejorando, estamos retrocediendo».

Otra situación de la que se han quejado es la mala distribución. En este aspecto, Ruiz aclara que «ninguna de las jefaturas ha podido resolver la mala distribución que tiene el personal, porque en unidades para el sur hay más funcionarios que internos, mientras que para el norte es muy distinta la proporcionalidad de funcionarios con el número de internos. Por ejemplo, los estándares dicen un funcionario para cinco a seis internos, que es el promedio que debería existir, pero en la práctica tienes un funcionario para atender una población penal de hasta 120 reos y que es la realidad, por lo menos acá en La Serena, en Huchalalume. E incluso más, ya que existen algunos módulos que están desprotegidos en este momento, porque está el tema de la licencia médica, en donde tenemos a muchos funcionarios en esta condición.

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