Mujer reclama casi 50 millones en pensión, uno de los montos más altos del país. El deudor sigue libre

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Desde que se aprobó el retiro del 10% de las AFPs y la consecuente retención por deuda de pensión de alimentos, muchos casos salieron a la luz, y uno que llama bastante la
atención es precisamente de la región en donde el monto es cercano a los 50 millones de pesos. El deudor ya había sido detenido en 2019, pero actualmente está en libertad y burlando a la justicia.

El retiro del 10% de las AFP es una ley que se aprobó como respuesta y ayuda económica a la actual crisis sanitaria y los altos índices de desempleo. Pero otra crisis, y de larga data, se reveló junto con su promulgación: la elevada cifra de deudores de pensiones de alimentos.

No era el principal objetivo, pero se estableció que con ese monto también se pudieran cancelar las pensiones de alimentos adeudadas. De esa manera, las y los jueces de Familia
podrán decretar la respectiva medida cautelar sobre esos fondos, comunicándola a la administradora de fondo de pensiones que corresponda para pagar lo adeudado.

Al conocerse esta fórmula, miles de personas, en su mayoría mujeres, acudieron a los Tribunales de Familia, y en base a cifras dadas a conocer en el Senado, indican que el
84% de las pensiones en Chile se encuentran impagas.

Uno de esos es el de C.E.M., quien prefirió no dar a conocer su nombre completo por tranquilidad de ella y se su hijo, a quien le deben la estratosférica suma cercana a los 50
millones de pesos por pensión de alimentos.

El deudor, identificado como R.T.A. ya había sido detenido por esto en febrero de 2019, cuando debía 41 millones, y lo lograron ubicar en su domicilio en Copiapó.
El demandado fue entregado a Gendarmería de Chile para su custodia y para el cumplimiento de su arresto nocturno, mientras que los antecedentes se remitieron al Juzgado de Familia correspondiente.

Y de ahí, más de tres noches detenido no pasó, y la deuda al día
de hoy sigue creciendo.

La afectada, en entrevista con LA REGIÓN, relata que en su momento la pensión era de $ 500.000, después con el reajuste subió a 650 mil, «obviamente no me da ni un peso, a esto se llegó por mediación, y pasaron los años y tuvimos la separación definitiva, y después decidió no pagar y queríamos que llegáramos a un acuerdo, incluso le he dicho que puedo bajarle el monto, pero no accede».

«Gracias a las gestiones que he hecho con el abogado, tiene orden de
arraigo, se ha solicitado en reiteradas ocasiones que se le retenga la licencia de conducir, que tampoco lo han hecho, incluso la otra vez estuvo detenido por otro asunto personal de él, estuvo una noche y lo soltaron…», cuenta.

Y agrega que «la vez anterior estuvo tres noches, le iban a quitar lalicencia y tampoco ocurrió, y lo único que tiene vigente es la orden de arraigo, porque las órdenes de arresto por la pandemia no se pueden hacer».

Lo complicado para la afectada es que «mi hijo se sigue alimentando, vistiendo y teniendo necesidades… he hecho el trabajo de investigación para ver donde vive y donde
está… porque cuando lo pillaron en Copiapó fue porque estaba en el antejardín de la casa, y en otras ocasiones ha pasado que preguntan por él y dicen que no vive en el lugar y se devuelven».

«Cuando pasa eso tenemos que esperar otro mes, hacer una nueva liquidación y pedir una nueva orden de arresto… el juzgado de familia hace su trabajo y acogen la demanda, pero
cuando se la derivan a la PDI queda ahí no más, tengo yo que llamar para
avisar y me dicen que debo tener un exhorto», agrega.

Pese a todo, comenta que su hijo sigue viendo al padre, «no mezclo las
cosas, él sigue en contacto y no tengo problema en que lo vea, por el biende mi hijo…».
Respecto al retiro del 10% de la AFP, comenta que el padre no lo pedirá ya que no lo necesita, «igual sabe que si lo pide, esa plata va a ir para la pensión de alimentos, ya hice la retención judicial y fue acogida, pero no
lo va a solicitar, así que si no sale el nuevo proyecto estoy frita…».

La mujer puntualiza en que «él ha sido bien astuto, porque todas las cosas las pasa a nombre de otra persona, como su hermana, por ejemplo».

«También acudí al Centro de la Mujer, hablé con la seremi Ivón Guerra, y me dijo que no entendía que no se haya ido detenido por el tiempo que ha pasado y por la cantidad de
plata que adeuda… me acogieron y me derivaron a un centro, quieren apoyarme, me llama un asistente social, pero más que eso no pueden hacer nada…» añade.

ATADA DE MANOS

Pese a todos los intentos, la afectada insiste en que hay falencias en el sistema,
«sobre todo de la PDI, porque el resto sí hace su trabajo, por ejemplo el juzgado de familia, ellos generan las órdenes y la ejecuta la policía, pero van y preguntan, y ni siquiera pueden meterse a la casa porque necesitan una orden».

«He mandado patentes, domicilios, ubicaciones y lugares que frecuentaba, como
cuando iba al gimnasio, muchas cosas, he hecho el trabajo que deber hacer Investigaciones…», señala. De lo poco que han hablado, la afectada cuenta que
le propuso retirar la demanda y que le dieran cierta cantidad de dinero, «podemos
llegar a un acuerdo, pero él quiere que le firme un documento, pero me han advertido que no lo haga, porque le puedo rebajar la pensión pero después puede volver a
lo mismo, y no me va a dar nada», concluye

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